Polémica en el Canal de Panamá: la ACP cercena el derecho a la protesta pacífica

Duros cuestionamientos a los funcionarios Ricaurte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá e Illya Marotta, sub- administradora

El conflicto entre la ACP y los sindicatos del Canal de Panamá sigue escalando. A las protestas frente a las violaciones los convenios colectivos en los que incurre la Administración comandada por Vásquez y Marotta, ahora se suma la eliminación del derecho a la libre expresión pacífica en una circular enviada a trabajadores del Canal, quienes ya no tenían derecho a huelga.

La situación en el Canal de Panamá continúa cruzada por denuncias de precarización laboral y aumento de casos de Covid-19, mientras los administradores Ricaúrte Vásquez y Ilya Espino de Marotta redoblan la apuesta y envían una circular suprimiendo derechos constitucionales como el derecho a la protesta.

“Los trabajadores de la Autoridad del Canal se enfrentan hoy a otra violación de derechos por parte de la administración del Canal” aseguraron desde los gremios, y agregaron que “ahora tratan de coartar el derecho a manifestarse pacíficamente con posturas antisindicales y abuso de poder por parte de los funcionarios encargados de las relaciones laborales”.

En ese sentido, fuentes del Canal sostuvieron “los trabajadores habían renunciado a su derecho de protestar a cambio de garantías con la creación de la Ley Orgánica del Canal, privándolos de una herramienta contundente para poder plantar sus aspiraciones y crear un balance en la relación laboral”.

Sin embargo, cuestionaron “las garantías no se respetan y la interpretación de la administración ha ido forzando las regulaciones laborales del régimen de tal manera que hoy se castiga una protesta pacífica con una práctica laboral desleal, antojadiza, mal enfocada, y que ignora los fundamentos de derecho que tienen los trabajadores y sus representantes”.

La ITF analiza los pasos a seguir

El anuncio de cercenamiento de la libertad de protesta generó malestar y el establecimiento de un “estado de alerta” tanto en los sindicatos panameños como en los organismos internacionales laborales como la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que afilia a mas de 18 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte, representados en 670 organizaciones sindicales de 147 países.

De esta manera, el secretario regional en funciones Edgar Díaz, afirmó “estamos consternados por este anuncio que viola legislación internacional y no se atiene a derechos” y destacó “vamos a analizar los pasos a seguir para asesorar a nuestro afiliado, pero desde ya repudiamos esta accionar y la confrontación con los trabajadores y los sindicatos de la actividad, que son el motor y el rostro humano de la actividad”.

Finalmente, concluyó “los derechos de los trabajadores del Canal han sido atacados y diezmados por años, y hoy en día una administración aún más abusiva que la anterior, sostiene una campaña constante y permanente en detrimento no solo de los trabajadores sino también de los fundamentos rectores de la libertad sindical”.

Circular emitida por el Canal de Panamá con el objetivo de suprimir el derecho a la protesta