En el Canal de Panamá, la realidad de los trabajadores es cada vez más incierta. El pasado miércoles, los gremios, con apoyo de otros sectores del transporte, movilizaron hacia los predios del cuartel central de la ACP para reclamar ante las violaciones a los derechos laborales en los que incurre la Administración, aunque no fueron recibidos. La ITF sigue de cerca el conflicto.
De esta manera, sindicatos del Canal como PAMTC, NMU, Caribe, UIM y UCOC se movilizaron el miércoles 30 de septiembre para “expresar el repudio y descontento sobre las decisiones tomadas por la administración Vásquez-Marotta” a quienes calificaron de ser una “dupla funesta que, aunque parezca increíble, ha resultado ser más lesiva para la integridad del régimen laboral que su antecesor Jorge Luis Quijano“.
El motivo del movimiento, que además contó con el apoyo de sindicatos aeronáuticos del país tales como SIELAS, FENATIA y SUNTRACS, se basó en una protesta ante “la inequidad, el abuso de autoridad, la precarización y negociaciones de mala fé” y lo que definieron como “la nueva normalidad del Canal”, que son las “contrataciones temporales”.
Según fuentes del Canal, el deterioro marcado del clima laboral está colocando en riesgo la estabilidad de la institución, conduciéndola hacia una explosión social sin precedentes. Además, la administración está siendo investigada por presuntas irregularidades vinculadas a nepotismo y contratos de servicios vinculados a lesión patrimonial.
“Lo que sigue en esta franja de Gaza centroamericana es seguir aislándose del poder central del Estado, para continuar acumulando poder e independencia, que paga todos los años mediante tributos al Estado por $ 1.7 billones” agregaron, y que calificaron como “una receta infalible”.
Sin respuestas por parte de la ACP
Por su parte, la dupla rectora de la ACP Ricaurte Vásquez e Ilya Espino de Marotta continúan sin dar respuesta a los trabajadores. Así, los sindicatos cuestionaron “continúan desarmando el engranaje de lo que alguna vez fuera la base jurídica y ética de un sistema laboral favorable a la motivación y superación de sus empleados para convertirlo en una corte medieval al servicio solamente de los intereses de los representantes políticos y económicos de la oligarquía local”.
En ese sentido, los trabajadores remarcaron que el Canal se está gestionando como si fuera “un país dentro de otro” en donde “se negocia la impunidad, no hay rendición de cuentas y en donde una pequeña pero poderosa franja manipula a su antojo a los medios de comunicación locales”.
“Hoy, los trabajadores cosechan con su trabajo el éxito del Canal, mientras las capas parásitas los explotan y descartan, similar a lo que ocurría hace 100 años en estas tierras” sostuvieron, y contaron que “nada ha cambiado en el Canal para los trabajadores, excepto el color de sus opresores”.
El Canal y los protocolos por Covid-19
En medio de la reapertura de muchos sectores en Panamá, los trabajadores se quejaron de que “la ACP ha optado por reducir los estándares de prevención y protección ante al Covid-19 en las mayoría de las operaciones de campo”.
“Se han reducido los tránsitos por el canal, aduciendo excusas como la pandemia y la escasez de recursos, pero contradictoriamente está despidiendo personal y diluyendo los protocolos” concluyeron.
En estos días, la ACP se encuentra eliminando centenares de plazas de trabajo temporales y recargando a los demás trabajadores. Muchos han visto sus jornadas laborales extendidas por 8 días seguidos y con un total de hasta 12 horas consecutivas.
El apoyo internacional
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que afilia a mas de 18 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte, representados en 670 organizaciones sindicales de 147 países, ya ha manifestado su apoyo a los gremios del Canal y ha exigido que se escuchen los reclamos de los trabajadores.
Así, el secretario regional en funciones de la ITF Américas, Edgar Díaz, señaló que “apoyamos los reclamos de los sindicatos de canal, luego de que muchos denuncien el grave riesgo que enfrentan los trabajadores y trabajadoras ante las políticas unilaterales de la ACP”.
“Han utilizado la excusa del Covid-19 para desechar logros de los trabajadores en sus Convenciones Colectivas previas mientras invierten grandes sumas de dinero en abogacía, recursos, procesos y gestión administrativa para apelar ante la Corte Suprema de Justicia los distintos reclamos sindicales”.
