Las cuentas del Canal de Panamá continúan bajo la lupa mientras el administrador Ricaúrte Vázquez prepara el terreno para una guerra con los sindicatos a través de sus agresivas políticas de precarización laboral. Ahora, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público piden rendir cuentas sobre un contrato millonario hecho bajo la administración Quijano.
Ricaúrte Vásquez, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sucesor de Jorge Luis Quijano, es conocido por llevar adelante políticas agresivas de precarización contra los trabajadores del Canal, algunas ya denunciadas por sindicatos como la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC).
Sin embargo, ahora deberá responder un cuestionario enviado por la Asamblea Nacional relacionado con posibles irregularidades en la compra millonaria de un programa para optimizar los procesos en la vía interoceánica, realizado durante la administración de Jorge Luis Quijano.
“Este cuestionario fue enviado a Vásquez a través de la Comisión de Infraestructura y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, por lo que se está en espera de las respuestas”, expresó la diputada Zulay Rodríguez, que sigue el tema hace tiempo.
Así, el administrador del Canal deberá responder preguntas como: ¿Con qué propósito la ACP decidió adquirir el programa Quintiq? ¿Cuándo se implementó y comenzó a utilizarse dicho programa? ¿Cuánto dinero desembolsó la ACP en razón de la compra, implementación y mantenimiento del programa Quintiq?
Además, el funcionario tendrá que responder sobre quiénes estuvieron relacionados con el programa, a qué gerencias de la ACP le correspondió liderizar la adquisición e implementación de este programa y quién fue el encargado por parte de la gerencia de operaciones para monitorear la implementación de dicho programa.
La Asamblea Nacional pidió también una investigación más profunda sobre el hecho y cuestionó si “algún familiar de algún gerente participó en el desenvolvimiento e implementación de dicho programa”. Recursos para el nepotismo, pero no para los trabajadores formados y con experiencia en las operaciones del Canal…
La investigación por este escándalo millonario también ha llamado la atención del Ministerio Público, que llevó a cabo las primeras diligencias por las irregularidades de la ACP. Fue el procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, quién afirmó que “se estaba recabando toda la documentación de dicho contrato”.
Según informó el medio Panamá América, el funcionario contó cómo han ido avanzando las investigaciones por este caso e indicó que dicho expediente “ya se encuentra en la Fiscalía de Atención Primaria Anticorrupción, donde se ha estado recabando toda la documentación relativa a la contratación” y que “está en una etapa inicial, pero se está avanzando”.
La diputada Rodríguez indicó que hasta la fecha el administrador de la ACP no ha respondido los interrogantes hechos por la Comisión de Infraestructura “nosotros como Comisión de infraestructura le enviamos dicho cuestionario al administrador de la ACP y el pidió que se le enviará a través de Marcos Castillero, presidente de la Asamblea Nacional“.
Es de público conocimiento que por el programa se pagaron aproximadamente más de 15 millones de dólares, el cual nunca fue ejecutado. La diputada del PRD agregó que espera que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público por este caso “lleguen hasta la últimas consecuencias”.
Ecos de una mala gestión
Por otra parte, uno de los temas que preocupan más es el rol de la Sub-administradora de la ACP, Iilya Espino de Marotta, mas preocupada por su imagen política y los titulares de los medios que por la gestión operativa en defensa de los trabajadores.
Es más, es la funcionaria con peor imagen en el Canal por sus acciones para forzar tareas fuera de término o suprimiendo beneficios al personal. “Está muy tensa, ella pensaba que el Canal de Panamá la iba a lanzar a una carrera política y el Covid-19 puso en evidencia su inoperancia y falta de se sensibilidad social a pesar de sus esfuerzos de Marketing”, comentó una fuente calificada de la ACP.
El rol de la ITF
La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), que afilia a mas de 18 millones de trabajadores y trabajadoras del transporte, representados en 670 organizaciones sindicales de 147 paises, ya se expresó en distintas ocasiones sobre las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores del Canal.
En un informe elevado por los sindicatos a la ITF, denunciaron que “han utilizado la excusa del Covid-19 para desechar logros de los trabajadores en sus Convenciones Colectivas previas, a la vez que se perpetran innumerables incidencias de abuso del erario público al permitir gestiones administrativas pobres e ineficientes”.
Por su parte, la ITF continúa impulsando acciones para que Vázquez revierta su accionar y ya había declarado que “la ACP está invirtiendo grandes sumas de dinero en abogacía, recursos, procesos y gestión administrativa, para apelar ante la Corte Suprema de Justicia los distintos reclamos sindicales”.
“Son los dirigentes sindicales los que han denunciado el grave riesgo que enfrentan los trabajadores y trabajadoras ante las políticas unilaterales de la ACP como las vacaciones forzadas a las cuadrillas de operación”, sostuvieron desde la Federación y catalogaron como “un ejemplo de represalia” el hecho de que la administración incumpla con las disposiciones y deberes laborales.
Los trabajadores del Canal de Panamá no dejaron nunca de ejercer sus tareas durante la pandemia Covid-19 debido a su carácter esencial para el sostenimiento de la cadena de suministro mundial. Pero eso no es suficiente para un Vázquez que ve a los trabajadores como meras herramientas con fecha de vencimiento. Ahora tendrá que responder por un fraude millonario, un nuevo escándalo que golpea las puertas de su oficina.
