El conflicto por el subte parece no tener fin, y este lunes recrudeció con una denuncia que realizó el Gobierno porteño en contra del ministro de Trabajo nacional, Carlos Tomada, por los presuntos delitos de Abuso de autoridad y Privación ilegal de la libertad agravada. Por lo mismo se acusa al subdirector nacional de Relaciones del Trabajo, Adrián Caneto.
Se trata de una estrategia del macrismo que responde a la decisión de hacer comparecer por la fuerza pública el pasado 9 de mayo al presidente de Subterráneo de Buenos Aires (SBASE), Juan Pablo Piccardo, a una audiencia de conciliación dictada por la cartera laboral para resolver el conflicto laboral que existe en el subte.
La denuncia quedó radicada en el juzgado en lo Penal Federal número 10 de Julián Ercolini. Por otro lado, el funcionario –que se presentará de manera espontánea este lunes, a las 16, en la comisión de Justicia de la Legislatura porteña-, solicitó a la Justicia un pedido de hábeas corpus, pedido que recayó en el juzgado de Instrucción Nº 6 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Fernando Klappenbach.
Los fundamentos de la denuncia ante la Justicia Federal señalan que Tomada y Caneto impartieron “una orden cuando no existía motivo jurídicamente valedero para fundar tal directiva” y que además lo hicieron sin recurrir a un juez que autorizase el pedido. Además, el texto sostiene que el 3 de mayo, SBASE presentó una nota en que “se explicaron nuevamente las razones por las cuales no correspondía la asistencia a dicha convocatoria” por cuanto “el organismo convocante carece de facultades legales para citar a la mencionada sociedad del estado a una negociación salarial en la que no es parte, y, menos aún, haciéndolo con apercibimiento de sanciones o bajo la amenaza del uso de la fuerza pública”.
La denuncia agrega que “con prescindencia de si correspondía o no al GCBA y a SBASE intervenir en la negociación conciliatoria llevada adelante en el Ministerio de Trabajo”, los denunciados omitieron “llevar a cabo el procedimiento específico que rige la materia y que prevé, en el supuesto de negativa a negociar colectivamente, recurrir a la sede judicial”.
“La citación de Piccardo y (el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel) Chain constituye una decisión ilegítima y carente de toda razonabilidad y si además lo hace eludiendo el propio mecanismo estatuido en la ley, es decir a través del reclamo en sede judicial para lograr su intervención, mucho más grave es la situación”, dice el texto de la Procuración.
Y añade que “si para lograr el concurso se recurre a otra disposición, claramente foránea a la cuestión que se ventila, para justificar el empleo de auxilio de la fuerza pública, nos hallamos evidentemente ante una flagrante comisión del delito denunciado, conducta delictiva que debe investigarse y de la que prima facie aparecen responsables tanto el Sr. Ministro de Trabajo y el Sr. Subdirector Nacional de Relaciones del Trabajo”.
