El interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el macrismo fue citado a prestar declaración indagatoria para este 23 de septiembre, tras haber sido imputado en la investigación que se sigue en el juzgado federal número 8, a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi, acusado de fraude a la administración pública.
Gonzalo Mórtola enfrenta de esta manera una causa que contempla penas de dos a seis años de prisión, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos. La Justicia está investigando las irregularidades en las que habría incurrido el funcionario macrista en la contratación de servicios de consultoría para el desarrollo de los pliegos de licitación destinados a la concesión de las terminales de Puerto de Buenos Aires.
En 2016, por medio de la Resolución 129, la gestión de Mórtola contrató a la española INDRA para el proceso licitatorio que tuvo nombre formal de “estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del Puerto Buenos Aires”, en el marco de los futuros pliegos de licitación de las mismas.
Se habría tratado así de una contratación directa a una empresa que no estaba habilitada para hacer esos estudios ni para recibir obra pública, por US$ 772.483, cuando al momento de la contratación el monto máximo para hacerlo sin licitación era de 1,5 millones de pesos o 93 mil dólares por aquel entonces.
“Indra no tenía experiencia en consultoría portuaria, de hecho, el personal técnico de la AGP fue quien terminó haciendo buena parte de los estudios”, informaron a este medio fuentes allegadas del sector portuario.
Una contratación irregular y la denuncia de un negociado
A fines de 2017, la AGP liderada por Mórtola decidió cambiar su criterio, pese al cuestionamiento de los profesionales y protagonistas de todo el sector portuario, y dejó de lado la opción de pasar de tres a dos empresas operando sus terminales, para centrarse en una nueva estrategia de una única empresa, que se convertiría en una operadora monopólica.
“El cambio implicaba además liberar los actuales terrenos del Puerto, que quedarían destinados a proyectos inmobiliarios que daban lugar al ingreso de desarrolladores amigos del PRO, que en ese momento ya tenían intereses y desarrollos concretos en la zona, por parte de la misma administración que remató un 35% de los terrenos de la AGP”, señalaron fuentes del sector a Notitrans.
Esta decisión de modificar su estrategia provocó asimismo que la AGP extendiera el vínculo con INDRA por otros 168 mil dólares, más impuestos, a través de la Resolución 169/2017. Así, el pago a la consultora habría alcanzado un total de 940.508 dólares más impuestos.
La licitación para la concesión de las terminales de Puerto Nuevo, que finalmente se dio de baja con el nuevo gobierno, generó un escándalo cuando diversos actores portuarios denunciaron que se habría buscado el beneficio para Nicolás Caputo de una concesión de 50 años y negocios inmobiliarios, así como el traspaso del Puerto Buenos Aires a la órbita porteña, todo esto tras las elecciones.
