Al contrario del paquete para rutas y vías de ferrocarril, cuyo buque insignia fue el anuncio de proyectos que totalizan R$ 166.000 millones, en el área de puertos se destaca la definición de un nuevo marco regulatorio que promete destrabar inversiones superiores a los R$ 10.000 millones en la ampliación y modernización de los terminales concesionadas antes de 1993. En la mayoría de los casos, asegura el Cronista, se prorrogarán contratos por el período necesario para la amortizar inversiones, con un plazo máximo de 25 años.
Además, se construirán al menos tres nuevos proyectos, que administrará el sector privado: los puertos de Ilheus, en Bahía; de Manaos, en Amapá; y el puerto de aguas profundas en Vitória, Espírito Santo.
Según funcionarios de la presidencia, la tendencia del gobierno quitarle atribuciones al Consejo de Autoridad Portuaria (CAP) -instancia de decisión dentro de la administración de puertos- para homologar tarifas y planificar las concesiones de las nuevas áreas. El Palacio do Planalto evalúa que la composición de los consejos (gobierno, operadores, usuarios y trabajadores) genera conflicto de intereses e inviabiliza la administración eficaz de los puertos. La Secretaría de Puertos, bajo supervisión directa del Consejo Nacional de Integración de Políticas de Transporte (Conit), asumirá la función de planificación.
El marco regulatorio, en etapa final de elaboración, tiene la intención de cerrar la larga disputa entre operadores de terminales públicos y privados. Lo orden presidencial es “terminar con la crisis en el mercado” y “crear un ambiente competitivo”. Todo indica que se flexibilizará el decreto 6.620, del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que frenó las nuevas inversiones en el sector.
