El canciller brindó en el Palacio San Martín una conferencia de prensa donde señaló, entre otras cosas, que "vamos a llevar adelante esta causa y que las leyes se apliquen para que Gran Bretaña entienda que tiene que dar cumplimiento a resoluciones de la ONU, especialmente la 2065 de resolución pacífica sobre un conflicto de soberanía".
La ofensiva judicial comprenderá a empresas que desarrollan sus acciones en forma ilegal y la ofensiva legal, anunció el ministro, se llevará en fueros nacionales e internacionales.
Timerman explicó que se accionará contra quienes “poseen ilegítimas licencias para buscar petróleo y que operan en la Bolsa de Londres, empresas que brindan apoyo logístico y las que dan asesoría, servicios financieros, bancos y analistas de riesgo".
