Una cadena de decisiones del gobierno de Carlos Alvarado Quesada en Costa Rica no parece ya esconder la intención de destruir el sistema portuario estatal de JAPDEVA de la localidad de Limón, con el objetivo de favorecer la nueva concesión de APM Terminals de Moín.
Ayer quedó confirmada la decisión de la nueva presidenta del ente portuario recientemente nombrada, Andrea Centeno Rodriguez, de no atender ningún barco generando el vaciamiento operativo para favorecer a la trasnacional, convirtiéndola en monopólica en contra de lo que marca la ley
Las navieras se quejan
En la noche del lunes ante la saturación de atención en los amarres de APM, la funcionaria estatal le negó el servicio de ventana de atraque de dos buques. Se trató del navío Warnow Dolphin, al que su armador le dio la orden de irse a Panamá y no esperar a que lo atienda APM y la imposibilidad de JAPDEVA de prestar servicio pero por decisión política, no por condiciones operativas disponibles. Lo mismo ocurrió con el buque Varamo.
“Es algo inexplicable y forma parte del acuerdo de APM con el gobierno de que no atendamos barcos. Tenemos un gobierno que trabaja en contra de los intereses del país”, sostuvo el dirigente Antonio Wells del sindicato SINTRAJAP, quien cuenta con el respaldo de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.
Con un contrato a 33 años la holandesa APM Terminals estaba autorizada solo a operar buques Fully Celular Conteiner , pero en la práctica eso nunca sucedió y la Empresa tomó el control total de las operaciones al amparo de la protección gubernamental. Con tarifas que superan el 400 por ciento de las que cobraba la estatal, ya algunas empresas cerraron y generaron despidos, aumentando el malestar social.
