Bonadio procesó a nuevos empresarios y funcionarios por coimas en el transporte

El magistrado consideró que los subsidios en el área de trenes y colectivos “desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015” corresponden a maniobras delictivas propias de una asociación ilícita. Quedaron así implicados por la causa de los cuadernos numerosos empresarios del sector

El juez Bonadio determinó que tanto los subsidios al servicio de transporte de colectivos como los correspondientes al sistema ferroviario, son parte de una “maniobra delictiva” que se estructuró desde el extinto Ministerio de Planificación Federal. Cristina Kirchner sumó así dos nuevos procesamientos con pedido de prisión preventiva, por dos expedientes vinculados y derivados de la causa de los cuadernos de las coimas.

La asociación ilícita “desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015 y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando las posiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de parte de sus integrantes”, según indicó el magistrado.

Además, quedaron procesados Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi a quienes se les mantuvo la prisión preventiva, entre otros ex funcionarios del ministerio de Planificación Federal y un extenso listado de empresarios vinculados a los servicios de transporte tanto de colectivos como del sistema ferroviario, entre los que se encuentran Aldo Roggio, Sergio Taselli, Sergio Cirigliano, Gabriel Romero, entre otros 38.

El juez Bonadio procesó a De Vido por fraude al Estado de más de 609 millones de pesos cometido entre el 2003 y el 2014. Las mismas acusaciones recayeron sobre Cristina Kirchner en la investigación de los presuntos pagos ilegales efectuados por distintos empresarios ferroviarios, con el fin de mantener sus concesiones y obtener subsidios estatales.

Además, el juez determinó que en el área de transportes, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2003 y el 31 de mayo de 2012, “los cobros eran recaudados por Ricardo Raúl Jaime y Juan Pablo Schiavi, en sus condiciones de Secretarios de Transporte; ambos dependientes del Ministro de Planificación Federal, Julio Miguel De Vido. En esta área, las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado Nacional”.