Las últimas movilizaciones de los trabajadores del Canal de Panamá, ante la mansión colonial del Administrador del Canal Ricaurte Vásquez y más recientemente en la Presidencia de la República, evidencia la degradación de la relación laboral en la vía oceánica y la ya insostenible frustración de los trabajadores.
Notitrans viene desarrollando desde hace meses distintas notas sobre cómo las políticas oficiales de la Administración del Canal de Panamá (ACP) contra los trabajadores, que sindican como responsable a la segunda al mando, Ilya Espino de Marotta, como la cabeza de serpiente que busca precarizar la fuerza laboral en medio del flagelo de Covid-19.
A pesar de que el Canal se ha mantenido como un sostén económico para Panamá durante la pandemia, el sentimiento popular indica que su administración actual ha optado por utilizar la crisis para ejecutar medidas de precarización tales como despidos, temporalidad y una reorganización que al final busca recargar aún más de trabajo a los trabajadores que han permanecido en sus puestos.
“Esta reorganización para los puestos de trabajo manuales y operativos no parece aplicar para los puestos administrativos”, asegura una calificada fuente que prefiere el anonimato . En claro contraste, se está contratado un número significativo de analistas y “especialistas” que se sumarán a las legiones de funcionarios que ya ocupan las oficinas de recursos humanos y asesoría legal.
La burocracia aumenta pero se degrada la calidad operacional
La mitad de los 10 mil empleados de la ACP, una empresa marítima de servicio está constituida por personal de oficina que en adición, labora por medio de teletrabajo. No hay supervisión real en el campo ya que los gerentes operativos son los grandes ausentes.
Los trabajadores se han visto prácticamente obligados a salir a la calle a defender sus derechos. “El régimen laboral del canal está controlado por la administración, que aprovecha que no existe el derecho a huelga pero tampoco honra las garantías compensatorias que deberían mitigar este sacrificio”, aseguran desde uno de los sindicatos embarcados.
A esto se suma que la oficina que debe dirimir los conflictos laborales, -la Junta de Relaciones Laborales- es anticuada, ineficiente extremadamente burocrática y judicializada además no tiene poder de obligatorio cumplimiento real. Cada vez que los trabajadores ganan una decisión la administración opta por apelar a la Corte Suprema que puede demorar años para emitir un fallo.
Los trabajadores se encuentran en franco grado de indefensión ante este
desmantelamiento procesal y jurídico del régimen que debiera regir la relación laboral del Canal. Esto viene siendo denunciado por la Federación internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) en diferentes ámbitos pero sin lograr que los funcionarios retomen un posición racional y de diálogo.
La ACP: un estado dentro del Estado
La administración ha ido enquistándose en una identidad de país alterno al Estado, con legislación propia que como ya explicamos en distintas notas de Notitrans suprime derechos humanos y laborales basándose en la férrea creencia de que la continuidad del servicio que presta el Canal sobrepasa los derechos y la integridad de los miles de Panameños que laboran en la vía oceánica.
Una reconstrucción del antiguo enclave norteamericano, con capataces criollos en lugar de “zonians”. El renacimiento de las castas Gold y Silver, como se lo conoce en el país caribeño. La única diferencia es el color del hacendado puesto que los intereses siguen siendo lo mismo.
Esto es por lo que el trabajador canalero protesta hoy. El principio del Fin. La privatización y corporatización del Canal de mano de los subscriptores de la doctrinas de Friedman. La escuela económica de Chicago en su mayor esplendor, instalándose dentro del patrimonio público que se maneja tal cual cualquier multinacional privada actual.
