Según publicó el diario uruguayo El País, la auditoría de la SIGEN hizo un extenso racconto de lo que es la CARP, las funciones que debe cumplir, el modo de funcionamiento y el historial del contrato con la empresa Riovía. Afirma que "el monto resultante de la negociación entre las partes (US$ 15.150.000 anuales), resulta razonable en relación con los montos calculados según los criterios de actualización aplicados". "Los mismos se basaron exclusivamente en variaciones de índices generales (precios mayoristas) y particulares (insumos y salarios) de Uruguay, que habrían impactado en algunos componentes del precio, y así, en la ecuación económica financiera del contrato de marras", agregó.
Ayer, el Gobierno uruguayo dejó trascender un informe en el que acusa al país de "favorecer" en una licitación a la firma holandesa encargada del dragado del canal Martín García, situación que salió a desmentir la Cancillería, al considerar que el documento tiene "importantes imprecisiones e inexactitudes".
El cruce entre los dos países se produjo a dos meses de haberse conocido la denuncia sobre un supuesto intento de soborno para que un diplomático uruguayo favoreciera a una empresa Riovía en el dragado del canal Martín García.
Desde el Gobierno uruguayo
El pasado 22 de mayo, el Gobierno de Uruguay rechazó la renuncia del embajador itinerante Julio Baraibar, quien había intentado dejar su cargo tras reconocer este intento de soborno de un operador privado argentino al presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), Francisco Bustillo, para favorecer la continuidad de la empresa Riovía.
Ahora, tras el escándalo suscitado entre ambos Gobiernos, un informe difundido por los medios uruguayos El País y Últimas Noticias, reveló el análisis de las actas de la CARP realizado por el Tribunal de Cuentas del Uruguay (TCR) y complicó la actuación de los representantes argentinos. Es que, entre otros puntos, señaló que las constantes demoras de Argentina para encarar un proceso licitatorio para el dragado favoreció a Riovía y agregó dudas sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato a la empresa holandesa.
Desde la Cancillería argentina
Luego de estas publicaciones, la Cancillería que comanda Héctor Timerman emitió un comunicado para asegurar que el informe del TCU tiene "importantes imprecisiones e inexactitudes".
El gobierno argentino recordó que propuso como "condición para continuar con los trabajos de profundización y mantenimiento del canal Martín García que ambos países auditen en forma inmediata la prórroga del contrato de dragado". "La supuesta demora, de la cual es sospechada la Argentina, resultó en un ahorro de 2.850.000 dólares. ¿Será esta reducción de precios la que motiva las notas quejándose de la demora?", afirmó la Cancillería.
