Tras la decisión que la Hidrovía sea una sociedad con participación estatal y de las provincias, el sector privado se mostró reacio a la intervención. Desde la cadena agroexportadora entienden que el sistema funciona bien y no necesita una gestión compartida.
El armado de la Hidrovía se produjo hace 25 años, cuando el gobierno de Menem impulsó la reforma del Estado. En ese entonces, los que motorización y delinearon el sistema de vía navegable y la concesión del dragado y balizamiento fueron los técnicos del sector privado.
Así, sienten que la intervención del Estado en la materia no será productiva y presionan para que las cuestiones estructurales se mantengan como están. Actualmente, consideran que es necesario hacer “algunos ajustes” pero reniegan de la injerencia de la política.
En su momento, la licitación fue “a riesgo empresario y sin aval del Estado” y se convirtió en un slogan de época. La única intervención del Estado en todo este tiempo había sido la entrega de prórrogas a las concesiones.
En ese sentido, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), afirmó que “ese sistema funcionó. Hay cosas que no hay que cambiar”, durante la reunión virtual previa al XIV Encuentro Argentino de Transporte Fluvial de inicios de semana.
Por su parte, el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni busca modificar el régimen actual al crear una sociedad con el 51% del Estado nacional y el resto de las provincias costeras, y desde ahí administrar la hidrovía. Significa un vuelco total al actual esquema. Así, la sociedad implicaría licitar las obras de acondicionamiento y cobrar por los peajes que son en dólares.
En lo concreto, las empresas dragadoras dejarían de tener una concesión y cobrarle el tránsito a cada buque, para hacer su trabajo como contratistas de obra pública, lo que según los privados desalentaría a las firmas capacitadas para hacer pie, e incluso podría generar aumento en el valor de las obras como forma de cubrirse de atrasos en los pagos”, lo que “aumentaría costos y tarifas logísticas en la cadena”, indicaron.
Por otro lado, aseguraron que “que el peaje quede en manos del Estado y no del concesionario, cambiaría la dinámica de las obras requeridas por los puertos”.
Cabe señalar que durante un encuentro entre directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara Argentina del Acero (CAA), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (Capym) realizado via Zoom, fue presentado el estudio técnico encargado a una consultora de renombre como referencia para la futura licitación y que ya tiene en sus manos el gobierno.
Con el mismo, buscan convencer a Meoni que los cambios podrían perjudicar el costo del flete y, por ende, hacer perder eficiencia a la navegación y competitividad a la agroexportación.
“No hay que romper lo que funcionó. Sino sería un retroceso ponernos a discutir cosas que ya han funcionado y ha sido beneficioso. Si resistió desde 1995 a todos los cimbronazos que tuvo la economía argentina”, cuestionó Alfredo Sesé, secretario técnico de la Comisión de Transporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, mientras Carlos Vaccaro, director ejecutivo de la Cámara del Acero y representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), destacó “¿Cuál sería la razón para cambiar algo que funcionó exitosamente 25 años”.
De esta manera, desde el sector privado buscan mantener el esquema de concesiones con el cobro del peaje directo de la concesionaria, sin estructuras administrativas que “generen sobre costos” y vayan directo a la tarifa del peaje, además de crear un órgano de control autónomo de privados para monitorear las concesiones. Si bien jamás se constituyó un órgano regulador y control aunque ahora, con la intervención del Estado, más que nunca quieren la constitución del mismo.
“Ese órgano de control debe tener el mandato que impida generar contingencias a quienes presenten propuestas. Es importante que tenga (la sociedad del Estado) limitada su intervención y el flujo económico pase por el proceso privado para evitar temores de empresas que se presenten e impacten en los costos”, concluyó Zubizarreta.
