La sentencia de primera instancia había resuelto condenar a la empresa Caminos de las Sierras y solidariamente al gobierno de la provincia a hacerse cargo de la indemnización por el accidente, sin embargo en la instancia de apelación los jueces camaristas deslindaron al Estado de esa responsabilidad.
El fundamento de la sentencia se respalda en la tesis de que la relación jurídica que vincula al usuario con el concesionario de una ruta, que percibe por ello el cobro de un peaje, se enmarca en la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24240), que exige a la empresa extremar el deber de seguridad en aras de la protección de la vida de quienes circulan por los accesos viales.
