El Ministerio de Transporte de la Nación mantiene el máximo puntaje del ranking en relación con la cantidad de información online para la consulta ciudadana, según el nuevo índice difundido por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).
Es la octava vez que la cartera nacional figura como uno de los organismos que lidera el ranking y, en esta ocasión, se destaca además el avance de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en transparencia y acceso a la información.
En este sentido, por octava vez la cartera encabezada por Alexis Guerrera alcanzó el máximo puntaje de transparencia, en esta ocasión junto con los Ministerios de Obras Públicas y Mujeres, Géneros, y Diversidades.
A su vez, se registraron importantes avances en Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, dirigido por Martín Marinucci, y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, conducido por José Arteaga.
Con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información pública, promoviendo medidas de transparencia activa, la AAIP releva bimestralmente los datos vinculados con el uso de los recursos públicos y el patrimonio de los funcionarios en formato abierto de todos los organismos dependientes del Estado Nacional.
Para establecer este ranking, la agencia valuó los ocho ítems más sensibles a tener en cuenta para su medición: Procedimiento para solicitudes de acceso a la información pública; Autoridades y personal; Escala salarial; Declaraciones juradas; Compras y contrataciones; Presupuesto; Auditorías; Subsidios y otras transferencias.
De esta forma, se mide de manera aleatoria el nivel de cumplimiento de otros organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, empresas y universidades.
En lo que respecta al Ministerio de Transporte de la Nación, se destaca la labor desarrollada por la dirección de Acceso a la Información y Transparencia, encabezada por Sebastián Malis, cuya responsabilidad primaria es implementar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar el derecho de acceso a la información pública, la ética y transparencia en la gestión de la Jurisdicción.
