El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Correa ordenó al gobierno nacional que compense a las empresas de transporte de larga distancia por el déficit de 27.000 millones de pesos acumulados desde 2016 luego de dejar de recibir subsidios. El magistrado estableció que se haga mediante el mecanismo que el Poder Ejecutivo crea más conveniente y le dio un plazo de 10 días.
Una resolución del Ministerio de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri que había revocado los subsidios a una veintena de empresas de transporte de larga distancia que recibían ese subsidio desde 2013 tanto para los pasajeros como para los empleados.
El Juez explicó, en una resolución que dictó el 26 de enero durante la feria judicial y que se conoció con el regreso de la actividad judicial, que los subsidios fueron revocados sin cumplir con el procedimiento legal.
“En efecto, el Ministerio demandado estaba obligado a realizar un informe y/o un estudio en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT)”, explicó Correa, y que al no hacerlo “actuó de modo irrazonable, toda vez que no realizó un relevamiento del servicio para adecuar de modo progresivo el servicio público –sin afectar los puestos de trabajo y a los consumidores–”.
El juez Correa dictó una medida cautelar –es provisoria y resta que resuelva el planteo de fondo– en la que le dio 10 días al Ministerio de Transporte, a cargo de Mario Meoni, para que “establezca el mecanismo compensatorio que considere más conveniente para equilibrar de manera eficiente y eficaz el déficit económico”. El gobierno de Alberto Fernández puede apelar para que la decisión sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La medida da a entender que el transporte de larga distancia es un “servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme, en igualdad de condiciones para todos los usuarios” que desde el 2016 acumula un déficit –según un peritaje oficial que se hizo en la causa– de 27.320 millones de pesos y que se vio agravado con la pandemia del coronavirus.
En 2013, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dió lugar al subsidio, 21 empresas de transporte de larga distancia, entre ellas La Veloz del Norte SA, Pullman General Belgrano, Costera Criolla, El Cóndor y Trasporte Sierra de Córdoba, explicaron que sin la ayuda del Estado su operatoria no se sostenía y que eran el único medio de transporte que llegaba a muchas ciudades o localidades del país y que le permitía viajar a gente que no contaba con recursos para costear un pasaje en avión o no cuenta con un auto.
En el reclamo realizado el año pasado, las compañías señalaron que la situación económica del sector se agravó con la crisis sanitaria del coronarivus y pidieron que se dicten tres medidas: que se suspenda la Resolución Nº 53/2017 del Ministerio de Transporte y se mantenga vigente el esquema de compensaciones de 2013, que se les paguen los subsidios pendientes desde 2017 más los intereses, y que en el futuro se pague mensualmente el subsidio fijado en 2013.
El Gobierno puede apelar la resolución –y todavía está en plazo para hacerlo– para que sea revisada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Además el juez Correa debe resolver el fondo del reclamo de las empresas que es la nulidad de la decisión de no contar con más subsidios.
