La aprobación de los eurodiputados, por una mayoría de 409 votos contra 226 votos y 33 abstenciones, fue lograda después de meses de polémicos debates en Europa debido a la preocupación respecto a la vida privada de unos 48 millones de pasajeros que viajan entre los dos continentes.
Inmediatamente, el embajador de Estados Unidos ante la UE, Williams Kennard, "aplaudió" la decisión, afirmando que garantizará "la seguridad de los pasajeros". La transferencia de datos "ha ayudado a prácticamente a todas las investigaciones estadounidenses sobre terrorismo en los últimos años" para detener a los autores de atentados, señaló el diplomático.
El llamado Registro de Nombres de Pasajeros (PNR, en inglés) es creado por las empresas aéreas y recoge los datos obtenidos durante los procedimientos de reservas y chequeo. La lista incluye el nombre, dirección, número de teléfono, detalles de las tarjetas de crédito, agencia de viajes, equipaje y número de asiento de cada pasajero, así como "información sensible", a menudo relacionada a la elección religiosa de una comida o pedido de ayuda ante problemas médicos.
Esas informaciones ya eran transmitidas a las autoridades estadounidenses, pero en el marco de un acuerdo provisorio alcanzado en 2007 y cuestionado por la parte europea. Los eurodiputados rechazaron ese acuerdo, y por ello las dos partes fueron forzadas a renegociarlo.
Los partidarios del nuevo acuerdo apuntan que el texto ofrece mayores garantías en materia de respeto a las libertades individuales. El acuerdo prevé que los datos no serán utilizados sino para la lucha contra el "terrorismo" o los crímenes graves, aquellos que en Estados Unidos son sancionados con pena de por lo menos tres años de cárcel.
Esos datos no podrán ser guardados sino solamente por 10 años para los crímenes graves, o 15 años para los delitos de terrorismo. Además, deberán volverse anónimos en un plazo de seis meses, y los nombres solamente serán accesibles para condiciones estrictamente determinadas.
Estas garantías no convencieron a los eurodiputados de la extrema izquierda, los verdes ni los liberales, así como a una parte de los socialistas. "Nadie niega que sea necesario luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. Pero no estamos de acuerdo con la utilización de los datos para otros fines" como la lucha contra la inmigración ilegal, dijo la relatora del texto, la eurodiputada liberal Sophie Int Veld.
"Es verdad, la política es el arte de los compromisos, pero los derechos fundamentales no son negociables", insistió. La relatora se declaró "decepcionada de que después de nueve años de negociaciones con nuestros amigos y aliados de Estados Unidos, conseguimos un acuerdo con un parlamento dividido".
La comisionada europea encargada del asunto, Cecilia Malstrom, reconoció que el texto no era "100% perfecto", pero afirmó también que respetaba "plenamente el derecho europeo". Malstrom adelantó que nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre el tema ya no eran posibles.
En caso de rechazo del acuerdo, los datos seguirían siendo recolectados por las autoridades estadounidenses pero fuera del marco jurídico, lo que limitaría las posibilidades de los europeos de controlar la utilización, y además expone a las compañías aéreas a ser procesadas por los pasajeros.
