El sindicato de pilotos había denunciado a la empresa, que anunció que se retira de la actividad de cabotaje en la Argentina, por la falta de pago de varios meses del aporte a la entidad gremial.
Ante la denuncia gremial, el Juzgado 33 a cargo de la doctora Marina Pisacco resolvió el embargo preventivo sobre una cuenta que tiene la compañía en un banco de capitales privados, con el objetivo de obtener los recursos impagos por el incumplimiento de aportes convencionales.
Anteriormente el Ministerio de Trabajo intimó a la empresa por el pago de los salarios adeudados y el rechazó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Asmismo, en el comienzo de la cuarentena, LATAM había reducido el 50% del salario de los trabajadores y dispuso un retiro voluntario para el personal y se presentó en la cartera laboral solicitando que se aplicara el PPC.
El Ministerio de Trabajo rechazó la apertura del PPC de la línea aérea que planeaba despedir con indemnizaciones reducidas a sus 1.715 trabajadores.
La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo negó la apertura del PPC, fundamentando su decisión en la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329, en el
contexto de la pandemia.
