Tras más de 8 horas de debate y en el marco de una sesión especial, anoche los diputados aprobaron el texto por 162 votos a favor contra 54 negativos y 18 abstenciones, con el respaldo del Frente para la Victoria, bloques aliados y el radicalismo, que apoyó en general la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Al cerrar el debate del proyecto, que fue aprobado la semana pasada por el Senado, el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, cuestionó la decisión de Mauricio Macri de dar marcha atrás con el acuerdo para la transferencia de los subtes, al sostener que "cuando uno gobierna tiene que hacerse cargo de los problemas, no sólo comentarlos".
El debate fue abierto por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, quien afirmó que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, "ya ejerció" el control sobre la red de subterráneos, "no sólo al firmar el acta sino también al decretar el aumento de tarifas". Y aclaró que “acá no estemos evaluando un traspaso de competencia sino devolver a la ciudad lo que siempre fue de la ciudad", expresó Conti, al iniciar la discusión.
Desde el macrismo, el diputado y ex procurador Pablo Tonelli anticipó que el bloque del PRO votaría en contra del proyecto del oficialismo porque el traspaso de la red de subterráneos "debe efectuarse con recursos e inversiones" y sostuvo que la propuesta de su bloque "es superadora". Al hablar como miembro informante del dictamen de minoría diseñado por el PRO.
Tonelli consideró que la inicitiva del gobierno "es inconstitucional" porque "la transferencia se realiza sin recursos" y cuestionó que la Nación "no se ha hecho cargo de las inversiones pendientes".
A través del texto enviado por el Poder Ejecutivo, se dispone que dentro del plazo previsto en el acta firmada en enero, que es de noventa días, se efectivizará la culminación del proceso de transferencia. Según el proyecto, el acta "es la última instancia de un proceso que guarda relación directa con la autonomía de la ciudad, consagrada en la Constitución de 1994".
La modificación tiene "un sentido netamente federal al avanzar en reconocer a la ciudad la posibilidad de ejercer la jurisdicción y fiscalización de todos aquellos servicios públicos que sean prestados dentro del ámbito de su territorio", sostiene el texto.
