Un escándalo envuelve al ex Ministro de Transporte Guillermo Dietrich, a sus funcionarios y a un empresario naviero, luego de que la petrolera estatal adjudicara por cinco años (prorrogable por dos más), el transporte marítimo y el abastecimiento de hidrocarburos en la Hidrovía entre Santa Fe y Chaco.
La Justicia desató ahora una investigación por posibles irregularidades en lo que representa el mayor contrato de YPF en ese segmento. La licitación había sido acelerada tras el resultado electoral adverso para el gobierno de Cambiemos en las PASO. La nueva gestión que asumió el 10 de diciembre tiene sobre sus hombros esta oscura negociación
Así, la licitación fue ganada por la empresa Horamar, controlada por Navíos South American Logistic que tiene como CEO al polémico y denunciado Claudio López, quien quedó salpicado de irregularidades por incluir dentro de la oferta la construcción de seis barcazas en un astillero en Paraguay, en detrimento de la industria naval nacional. De momento, el juez Sebastián Ramos secuestró la documentación vinculada al proceso, incluyendo correos electrónicos entre los directivos de YPF y la naviera.
Sin ir más lejos el propio López se mostró desafiante días pasados ante una entrevista del Diario Perfil, donde se le cuestionó que se incurrió en una violación a la Ley de Marina Mercante. Suelto de cuerpo sostuvo: “El contrato está firmado, las embarcaciones están en construcción. Ya se autorizó la importación de los remolcadores que están llegando al país, se están haciendo las autorizaciones. Si incumplió la ley de marina mercante no tiene que ver con un contrato que ha firmado un tercero, en este caso nosotros”, se desmarcó.
Horamar en el ojo del huracán
La licitación para el transporte fluvial de combustibles entre San Lorenzo y Barranqueras desde el 1º de enero del 2021 fue lanzada el 11 de abril de 2019 y participaron 12 compañías, aunque solo cinco presentaron ofertas que cumplían los requisitos técnicos y económicos requeridos por la petrolera. Finalmente, la disputa quedó entre Horamar y la actual concesionaria del contrato, la naviera también local National Shipping.
Si bien antes de iniciar el proceso National Shipping realizó una oferta para reducir en un 40% los costos si se le renovaba el contrato, principal argumento utilizado por YPF para lanzar la licitación, la petrolera adujo que ese ofrecimiento se dio sobre el lanzamiento de la misma y decidió desestimarlo, como publicó hoy el matutino Ámbito Financiero.
Según el medio, quedó claro que National Shipping presentó la oferta más baja, pero en una segunda vuelta el contrato fue brindado a Horamar a menos de un mes de finalizadas las PASO, que arrojaron un resultado electoral adverso para el gobierno de Cambiemos. Además, la licitación se dio con un año y medio de anticipación a la finalización del antiguo contrato. Algo más que sospechoso.
Batería de denuncias contra la adjudicación
La adjudicación del contrato fue denunciada en múltiples frentes. Según consigno el medio EconoJournal, la Cámara de la Industria Naval acudió a la Oficina Anticorrupción conducida en ese entonces por Laura Alonso, para indicar irregularidades en el proceso y se pidió el secuestro de toda la documentación relacionada, bajo el argumento de haber violado la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval y tras conocerse la puesta en marcha de la construcción de seis barcazas en Paraguay y la importación de dos remolcadores de China.
Las principales denuncias hacen referencia no solo a la velocidad que adquirió el proceso y a la violación de la ley que hoy rige la Marina Mercante en el país, sino también a los potenciales vínculos entre los intereses privados y los entonces funcionarios gubernamentales. Jorge Metz, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables, venía de desempeñarse como gerente de Horamar. Por otro lado, se supo también que existió un pedido expreso del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich de “morigerar” la influencia gremial que tenía National Shipping.
Las denuncias penales contra YPF
Al quedar expuesta la connivencia de funcionarios de la petrolera y empresarios privados es que YPF resultó demandada en el fuero civil y comercial federal por la propia Cámara. Mientras tanto, también precisó EconoJournal, el sindicato de obreros marítimos de YPF (SUPeH) directamente apuntó a la Justicia penal, a comienzos de octubre, incluyendo la resistencia del gremio -que tiene representación en National Shipping- y el pedido de una medida de “no innovar” para frenar los alcances de la licitación.
Hubo una tercera presentación contra la petrolera por parte de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), con la firma de su secretario general, Juan Carlos Schmid.
Así, mientras la Justicia debe resolver que hace con las denuncias, será Guillermo Nielsen, el nuevo presidente de YPF, quién tendrá que decidir qué hará con un contrato millonario heredado y con complicaciones judiciales que podrían desestimar el acuerdo.
