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CATHEDA reclamó la derogación del impuesto a las ganancias y mayor participación en las políticas públicas

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La Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines elaboró un documento como resultado de su Primer Congreso Extraordinario de 2023 donde pidió eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores asalariados. También solicitaron ser convocados para la elaboración y definición de las políticas públicas laborales.

Sobre la reunión, Sergio Sasia, Secretario General de la Unión Ferroviaria, sostuvo que “este tipo de encuentros donde discutimos la realidad del rubro energético son muy buenos”. Agregó también que “en estos espacios podemos decidir las estrategias a llevar a cabo”.

El texto base que elaboraron sentencia que “hay que eliminar de forma urgente el impuesto a las ganancias para los trabajadores asalariados” ya que “la situación es gravosa porque los sueldos aumentan y las escalas permanecen inmutables con el solo fin de castigar al que lleva un plato de comida a su casa o se juega la vida en trabajos riesgosos”. En ese sentido, afirma que “es inconcebible que este tributo permanezca vigente” porque “el sudor del trabajo alimenta la ineficiencia y el dispendio” y advierte: “nos encontramos así frente a la paradoja de tener trabajadores que evitan dar lo mejor de si para evitar que ese impuesto regresivo les quite una parte importante de sus salarios”. En ese sentido, concluye que “es claro que a mayores ingresos la economía circula mejor y con sus excedentes puede generar un ahorro que podrían transformar al actual escenario económico nacional en un círculo virtuoso que se debería reflejar en mayor actividad, más puestos de trabajo, más inversión y , de forma natural, mayor recaudación para el Fisco”.

En otro subtítulo, el comunicado de CATHEDA destaca que “nuestros Sindicatos, a pesar de ser actores preponderantes de la economía formal, fuimos dejados de lado en todo tipo de planificación que involucró al sector”. “Quienes mejor conocen tanto los problemas como las posibles soluciones son los propios trabajadores, por lo tanto, es al que más hay que escuchar y eso se hace a través de nuestras organizaciones”, dice, y agrega que “ya no hay políticas de largo plazo y, tanto las autoridades responsables del Poder Ejecutivo, como las Comisiones responsables en el Congreso Nacional de manejar y legislar sobre la actividad, se alejan de la realidad”. “Por eso solicitamos: Ser convocados por ambos poderes del Estado en la elaboración y definición de las Políticas Públicas”, manifiesta.

Finalmente, el documento incluye pedidos de medidas concretas. Entre ellas: “liberar de trabas a la importación de equipos de perforación y de fractura de hidrocarburos”, “ante el inminente fin de las concesiones de las 22 represas hidroeléctricas del país, exigimos participar de la toma de decisiones sobre el futuro de las mismas, principalmente las del Comahue”, “participar en el desarrollo de la construcción de la futura planta de GNL, para definir la diseño, conformación y estructura del negocio y su ubicación geográfica”, “la urgente reactivación del Plan Nuclear de Generación Nucleoeléctrica que fue paralizado a principios del año 2016” junto a “la construcción de dos nuevas centrales y la nueva puesta en valor de la ENSI Planta de Agua Pesada en Neuquén”, “la terminación y puesta en funcionamiento del Gasoducto del Noreste Argentino”, un “rápido tratamiento y sanción de la Ley de fomento para proyectos de hidrógeno verde e hidrógeno azul” y “continuar con el Plan de Construcción de Líneas Eléctricas de Alta Tensión con los aportes que mes a mes recibe el Estado Nacional a través del pago del servicio de energía eléctrica y que debe ser manejado por Consejo de Federal energía Eléctrica”.

Asimismo, pide “un programa de fomento a las inversiones en Generación de Energía Eléctrica, incluyendo la diversificación de la matriz renovable, en el cumplimiento de los acuerdos y tratados internacionales”, “que las empresas de distribución de energía eléctrica de nuestro país, ya sea estén en manos de gobiernos provinciales, municipales o cooperativas, accedan a los mismos beneficios que la Nación le otorgó a Edenor y Edesur para cancelar sus deudas”, financiar o buscar mecanismos para hacerlo “con el fin de avanzar en un plan de obras de mantenimiento, ampliación y universalidad de electricidad, agua potable y gas domiciliario” y “fomentar y realizar las inversiones necesarias para ampliar y modernizar las distintas vías/modalidades de transporte, a fin de permitir y facilitar las inversiones, el desarrollo, abastecimiento y posterior transporte, de cualquiera de los productos del rubro energético”. Finalmente, también manifestaron que deben “desarrollar un urgente e intensivo plan de capacitación de los trabajadores que el mercado demanda, sobre todo en materia energética”, “garantizar que las bocas de expendio sean rentables aliviando la carga impositiva sobre el litro de combustible vendido” y “crear una Mesa de Trabajo que incluya a todos los actores involucrados en la cadena energética, desde su producción, transporte, procesamiento, distribución/comercialización con el fin de encontrar las vías de normalización de un sector clave para el país”.

Además de Sasia, estuvieron presentes en la reunión que se llevó a cabo en la Provincia de Neuquén representantes de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina; la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos de YPF; el Sindicato de Petróleo y Gas Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa; la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza; la Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio, Garages, Playas, Lubricentros y Agroservicios de la República Argentina; la Unión del Personal Superior del Gas; la Asociación del Personal Superior, Profesionales Técnicos de Yacimientos Carboníferos Fiscales; la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas; la Unión Ferroviaria; Obras Sanitarias de la Nación y la Federación de Trabajadores de La Industria Química u Petroquímica. Todos firmaron, además, la declaración.