La iniciativa fue presentada a pedido del ministro del Interior, Florencio Randazzo, y del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Felipe Rodríguez Laguens, y tiene como objeto la adhesión de la provincia al artículo 311 bis del Código Procesal Penal de la Nación.
De aprobarse, se prevé como herramienta preventiva que el juez competente pueda inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir, reteniéndole la licencia habilitante y comunicando la resolución al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Según el texto del proyecto "el derecho a poder circular por la vía pública en forma segura debe ser un factor preponderante a ser ponderado por el órgano jurisdiccional competente".
Sostiene que ello debe primar "frente al interés de un individuo que siendo potencialmente responsable penal de la muerte de un ciudadano por un siniestro vial y presente conductas negligentes, imprudentes o de no apego a las normas de tránsito, pueda poner en peligro la vida o la integridad física de un usuario de la vía pública".
