Además, defendió la gestión del Estado en materia ferroviaria y dijo que los subsidios permitían a TBA afrontar las “obligaciones a su cargo” en materia de seguridad y mantenimiento, según un escrito de 65 carillas entregado a la Justicia y al que accedió Télam.
Schiavi se declaró “ajeno” al accidente del 22 de febrero en el que murieron 51 personas y se negó a responder preguntas en la declaración indagatoria convocada por el juez federal Claudio Bonadio, quien no estuvo presente en la audiencia, encabezada por un secretario.
El ex funcionario sostuvo que el maquinista, según las pericias, “había anulado el sistema de emergencia conocido como ‘hombre muerto’ de manera indebida e imprudente y que no había frenado aún contando con los dispositivos para hacerlo”, según el escrito. “La única hipótesis realmente cierta y verosímil, con sustento en las pruebas obrantes en la causa es la de que el conductor no pudo frenar por algún impedimento físico o psíquico en su salud, presumiblemente ajeno a su voluntad, y descartadas las fallas mecánicas, es absurdo suponer que no frenó porque no quiso hacerlo”, agregó.
Schiavi advirtió que el conductor “no tuvo reflejos institivos de preservación o defensa" y, según los peritos, el tren circuló “a la deriva” antes de chocar. “Las obligaciones de seguridad y de mantenimiento del servicio ferroviario están en cabeza del concesionario TBA por lo que son su inexcusable responsabilidad”, afirmó además. También dio por probado que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte “ejercía razonable y adecuadamente” facultades de control y “aplicó cuantiosas multas” a la concesionaria.
Además entendió que “la política de subsidios operativos implementada permitía a la concesionaria dar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de seguridad y mantenimiento a su cargo, no pudiendo entonces eximirse de responsabilidad al respecto aduciendo una supuesta falta de ayuda estatal que no fue tal”.
“La infraestructura ferroviaria no tuvo ninguna incidencia en la causa del accidente”, sostuvo Schiavi, y opinó que aún con el sistema de paragolpes funcionando correctamente “y de otro modo”, “las consecuencias habrían sido igual de violentas” porque “la velocidad de impacto (a 26 kilómetros por hora cuando el límite era 12 kilómetros por hora) fue la causa determinante de la magnitud de la tragedia”.
El ex funcionario aclaró que no rehuye “su responsabilidad política” como secretario de Transporte en materia ferroviaria “ya que tuvo competencias al respecto, que cumplió cabalmente y asume totalmente la responsabilidad que por ello le incumbe”. “Como Secretario de Transporte era el responsable de la política nacional en la materia. De la política, no de la operación del servicio, que es responsabilidad inexcusable del concesionario”, apuntó Schiavi, al destacar además que tampoco era responsable del “control” porque “la ley vigente atribuye a otras instancias administrativas”.
