Se trata de una iniciativa promovida por el Ministerio de Transporte de la Nación a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa. Busca fomentar una “gestión pública transparente”, según informaron.
De esta manera, el sistema tendrá como objetivo “prevenir, detectar y enfrentar el soborno, cumpliendo con la normativa y los compromisos voluntarios que se aplican en el caso”, sostuvieron. El mismo funcionará mediante un formulario online que ya se encuentra disponible en la web oficial del Ministerio, donde podrán realizarse denuncias.
En ese sentido, el Sistema de Gestión Antisoborno, que está avalado por las normas ISO 37001:2016, estipula que las denuncias pueden realizarse de tres maneras diferentes: en forma anónima, como persona física o como persona jurídica.
“En los tres casos se le solicitará al denunciante cargar la información sobre el hecho delictivo, brindar los detalles de las personas involucradas y asumir el compromiso mediante una declaración jurada para mantenerse a disposición del oficial de cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno” detallaron desde la cartera que conduce Mario Meoni.
Así, el sistema buscará también combatir la práctica directa e indirecta del soborno, e implementar mecanismos de acompañamiento para “la prevención, detección, supervisión, investigación y sanción de actos de corrupción“, remarcaron.
Por otro lado, promueve el empoderamiento e involucramiento de los ciudadanos, servidores públicos y de las partes interesadas para fomentar las denuncias de buena fe, brindando al mismo tiempo protección al denunciante y garantizando la confidencialidad de los datos aportados.
“El incumplimiento de la política antisoborno estará sujeto a investigación interna y a la aplicación de medidas disciplinarias establecidas, independientemente de las sanciones penales que correspondan”, concluyeron.
La medida se complementa con otras políticas públicas de la cartera de Transporte, como la firma de un convenio, en conjunto con la Dirección de Acceso a la Información y Transparencia, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
