Yanira Martínez Ortíz, Subsecretaria de Vivienda de la municipalidad de Ushuaia, será querellante en la causa penal contra el edil del bloque “Partido de la Ciudad” Javier Branca y su asesor, el presidente de la Cooperativa “Nuestro Techo” Maximiliano Rijo por el presunto delito de amenazas y extorsión.
Así, en el marco de la causa penal Nro. 3227, radicada en el Juzgado de Instrucción Nro. 3 del Distrito Judicial Sur, se aceptó el pasado viernes la constitución como querellante de Yanira Martínez Ortiz, ex miembro de las cooperativas de viviendas “Nuestro Techo” y “Mujeres cooperativistas” que denunció haber sido “presionada y obligada a renunciar por el concejal Javier Branca, bajo la amenaza de hacer circular un material que decía presuntamente tener, para destruir mi relación de pareja y mi familia”. El hostigamiento, persecución política y violencia de género denunciado por Ortiz se habrían producido luego de que ésta marchara por las calles de Ushuaia el 3 de junio último, junto a otras mujeres del movimiento cooperativista y feminista, bajo la consigna “Ni una menos”, se informó.
Las consecuencias no habrían tardado en producirse cuando “el día 6 de junio fui convocada a una reunión vía Whatsapp por Maximiliano Rijo, presidente de la Cooperativa Nuestro Techo, quien me manifestó que había sido enviado por el concejal para hacerme saber que la participación en la marcha, los carteles expuestos con su nombre y los resultados de las elecciones a convencionales constituyentes eran un punto de quiebre en la relación política que manteníamos”, sostuvo Martínez Ortíz.
Las imputaciones se tornaron más graves aún cuando Yanira Martínez Ortíz deja entrever que el edil pudo ser autor de un atentado contra su integridad física y la de su familia: “Al circular en mi auto el día 8 de junio último, escuché unos ruidos extraños. Estábamos próximos a realizar el service regular del vehiculo y conversamos con mi esposo del ruido que habíamos escuchado. Al otro día, en un encuentro social le comentamos a una persona de nuestra confianza que trabaja como mecánico, del ruido que habíamos detectado. Lo revisó y nos dijo que faltaba un tornillo de la rueda delantera derecha y que los otros tres estaban flojos. Nos dijo también que debido al sistema de ajuste de rosca de esas piezas lo que ocurrió se debió a una maniobra humana y no a un evento relacionado con el andar o uso regular del vehículo. En ese momento el miedo empezó a tomar forma concreta”.
Desde la Red de Parlamentarias Fueguinas y Mujeres Gobernando expresaron su apoyo a Yanira Martínez Ortíz y a su familia: “Las amenazas y extorsiones son modalidades mafiosas que lastiman a la política y, en particular, a la participación de las mujeres en la política. Repudiamos rotundamente este tipo de prácticas que se denuncian en el proceso penal que investiga a un representante electo como es el Concejal y Convencional Constituyente de Ushuaia Javier Branca y su asesor Maximiliano Rijo”.
Por su parte, la concejala de Ushuaia, Laura Ávila también demostró su acompañamiento a través de sus redes sociales. “Estos mensajes mafiosos tienen que acabarse como practicas dentro de la política, porque lastiman la democracia y la participación de las mujeres en los lugares de toma de decisiones”. Y agregó: “Nadie, mucho menos un representante electo y su asesor, debe utilizar este tipo de prácticas arcaicas para amedrentar e impedir el ejercicio de sus derechos a una mujer”.
Finalmente, cabe mencionar que el fiscal Nicolás Arias, luego de recibir a la denunciante y a las dos abogadas que llevan adelante su caso, mientras se sustancia el expediente judicial iniciado, ordenó la realización de una pericia psicológica “con perspectiva de género” al concejal Javier Branca y le prohibió, mediante una perimetral, que el edil se le acerque a ella y a su grupo familiar.
