El Gobierno publicó hoy en el Boletín Oficial, bajo la disposición 9-E/2018 los mecanismos de escala de valores para el servicio de practicaje y pilotaje, teniendo en cuenta cada zona específica y las distancias. Se estima que la reducción de las tarifas máximas del servicio será entre un 20 y un 40 por ciento, según la región y las condiciones determinadas que corresponda. La medida permitirá disminuir los costos logísticos en el comercio y la productividad.
Este nuevo reglamento fue el resultado de la audiencia pública que convocó el Gobierno Nacional el pasado 12 de diciembre para fijar una tarifa máxima en el servicio de practicaje, que es uno de los costos logísticos que paga el productor cada vez que saca y trae sus productos de los puertos y que los traslada por los ríos argentinos. Fue la primera audiencia pública en 25 años y contó con el apoyo de los gobiernos provinciales de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones con el principal objetivo de fomentar la competitividad de las economías regionales.
Además del nuevo cuadro tarifario que se actualizará anualmente para garantizar mayor eficacia y regularización, en la Audiencia Pública se acordó con todos los actores del sector consideraciones relacionadas con la eliminación de las limitaciones en el coeficiente máximo a aplicar y una bonificación especial para aquellas empresas con mayoría de capital nacional. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, celebró la medida : “Desde el primer día definimos con el Presidente el espacio estratégico que tiene el sector de los puertos y las vías navegables para el desarrollo del país. Durante muchos años fue abandonado, desatendido. Ya no más. Queremos nuevas reglas claras, que aseguren la competitividad de un servicio que es fundamental para la seguridad de la navegación. Una Argentina competitiva, es una argentina que crece”.
No es la primera vez que el Gobierno interviene en el servicio de practicaje, ya que el año pasado implementó la limitación de la responsabilidad civil, que puso al práctico en igualdad de condiciones con el resto de los profesionales. Además, junto a Prefectura Naval, mejoró los márgenes de seguridad de navegación en el servicio.
Hasta el año 1991 la retribución por los servicios de practicaje se regía por un cuadro tarifario fijado por el Estado, pero entonces fue desregulado y se permitió la libre contratación entre privados, reservándose al Estado la facultad de imponer tarifas máximas, que se hizo por última vez en 1992. Hoy la tarifa se encuentra desactualizada e inobservada por lo que existe una marcada discrecionalidad y dispersión según las distintas zonas en las que se cobra, no existe oferta competitiva y el mercado está cerrado a la entrada de nuevos actores; todo esto incide directamente en el costo logístico argentino.
