Tras tomar estado público, desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), afirmaron que “se está empezando a correr el velo de la corrupción macrista”. La situación judicial del ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, se enmarca en la investigación por irregularidades en la renegociación de contratos de los peajes en los Accesos Norte y Oeste.
El sindicato, que lidera Graciela había presentado una denuncia por una prórroga ilegal de plazos en los 7 corredores viales en el 2019.
Aleñá remarcó que “Iguacel prorrogó por 10 años las concesiones sin llamar a licitación y le paga a las empresas por intermedio del Estado 500 millones por supuestas inversiones no amortizadas. Inmediatamente Macri como parte de la empresa vende las acciones de AUSOL y luego Iguacel retoma esa lógica fraudulenta”.
En ese sentido, Aleñá agregó que “las concesiones a partir de abril del 2017 se vencían sí o sí y no había forma de que continuaran. Iguacel saca una resolución ad referéndum del poder ejecutivo, sin estar avalada por ningún decreto presidencial”.
Cabe señalar que la sindicalista comparó esta causa iniciada por la denuncia del Diputado Rodolfo Tahilade, con la que presentó el sindicato en 2019 ante el Juzgado N°7 del Dr. Casanello, por la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje en el resto de los 7 corredores viales.
De este modo, la denuncia penal del sindicato en manos del fiscal Taiano, recae también sobre el ex Ministro de Transporte Guillermo Dietrich dejando expuesta una maniobra por la cual “las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales”, precisó Aleñá.
“En definitiva para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que les permitió continuar emitiendo y pagando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro de la Nación, por valores superiores a los $30.000 millones”, agregó la sindicalista, quien integra con su espacio el Frente Sindical Fresimona de Pablo Moyano y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) de Juan Carlos Schmid.
La semana pasada, el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi desestimó una denuncia penal de Javier Iguacel contra las 5 escuelas técnicas de Vialidad Nacional por la “presunta creación de un andamiaje y desviación de fondos en perjuicio de la administración pública”, justificación que utilizó el funcionario para ordenar el cierre de los establecimientos educativos durante su gestión.
Al respecto, Aleñá concluyó “se están cayendo todas sus mentiras. Queda claro que usaron las denuncias de corrupción como cortina de humo para hacer sus propios negocios y propiciar el vaciamiento del organismo”.
