El gremio URGARA reclama que permitan a los egresados de sus centros de formación gratuitos inscribirse en el registro oficial, pero el organismo sólo reconoce tres escuelas que son pagas
La Unión de Recibidores de Granos (URGARA), que conduce Pablo Palacio, viene solicitando a las autoridades de la Secretaría de Agroindustria que tomen las medidas necesarias para habilitar a sus peritos en el proceso de clasificación de cereales, oleaginosas y legumbres, dado que cuenta con una carrera gratuita de peritos que se dicta en su Centro de Formación Profesional, pero el Senasa solo reconoce tres escuelas propias de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca.
Esta situación, según publicó el portal La Política Online, genera un enorme malestar entre los directivos del gremio que opera en las principales terminales portuarias por donde salen la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país.
La polémica surge porque el control granario que realizan los peritos de las escuelas reconocidas por el Senasa son pagas y fueron creadas por la Junta Nacional de Granos que contaba con una Comisión encargada de reglamentar la calidad de los granos. A partir de ese entonces, las autoridades sanitarias siempre se negaron a autorizar a los egresados de la carrera de Perito Clasificador de Granos de URGARA a inscribirse y matricularse en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA).
En este sentido, las miradas apuntan al negocio que existe detrás de las escuelas de peritos de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca habilitadas por el Senasa dado que los alumnos deben pagar la inscripción, una cuota mensual y un derecho de examen.
El costo de la matrícula para acceder el curso de perito clasificador de granos en las escuelas reconocidas por el organismo sanitario es de $ 2.600. A esto se le suman nueve cuotas de $ 3.300 que deben abonarse del 1 al 5 de cada mes mediante transferencia.
“Es insólito que no se pueda ser perito clasificador de granos de manera gratuita. No se entiende por qué el Senasa jamás cambió un sistema que impone de forma arbitraria el pago en sus propias escuelas oficiales”, apuntaron fuentes que conocen el tema.
“La tarea de formar técnicamente personal para desarrollarse en la actividad de toda la cadena comercial de cereales, oleaginosos y legumbres secas no puede ser un servicio exclusivo y rentado por parte de un organismo estatal”, agregaron.
Las autoridades de URGARA remarcaron que en los últimos dos años iniciaron sin éxito alguno una serie de reclamos para habilitar a los alumnos de su Centro de Formación Profesional (avalado por el Ministerio de Educación de Buenos Aires).
Los funcionarios que recibieron de manera formal los pedidos del gremio fueron el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; su jefe de Gabinete, Santiago del Solar; y el subsecretario de Mercados, Jesús Silveyra.
El sindicato de recibidores de granos también le envió por este tema una carta al presidente Mauricio Macri, la cual fue contestada a través del inicio de un expediente que hasta el momento no tuvo tratamiento ni, muchos menos, resolución.
La Política Online publicó también que se comunicó con voceros de Agroindustria y el Senasa para obtener una versión oficial de tales hechos. Sin embargo, las autoridades de ambos organismos prefirieron no contestar, al menos públicamente, a los requerimientos.
