Petroleras se unen contra el congelamiento de precios de la nafta

Las principales compañías presentarán un amparo conjunto para que se declare inconstitucional el DNU que paraliza el aumento de los precios de los combustibles en todo el país.
La Cámara Argentina de la Energía (CADE) presentó una acción de amparo judicial en reclamo de la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia que dispusieron los alcances del congelamiento de precios vigentes del crudo y los combustibles.
La entidad, que representa a las principales empresas productoras y refinadoras de hidrocarburos, informó que presentó “una acción de amparo en defensa del desarrollo del mercado de hidrocarburos en el país” ante la ante la Justicia Federal de Neuquén.

El recurso se opone a la medida que dispuso el Gobierno nacional tras las elecciones primarias del 11 de agosto, en medio de un fuerte desequilibrio macroeconómico producto de una devaluación del 20%, mediante el cual congeló por 90 días el precio del barril de crudo y de los combustibles.

El amparo cuenta con el respaldo de las empresas integrantes de la cámara como YPF, Pan American Energy Group, Raizen Argentina, Pluspetrol, Total Austral, Chevron y Shell Argentina, entre otras, cuyos principales directivos fueron recibidos a mediados de septiembre por el presidente Mauricio Macri.

La CADE consideró en sus argumentos judiciales que “esas medidas afectan en forma directa el normal desarrollo del mercado de hidrocarburos y combustibles en el país”. En ese marco, las empresas petroleras consideraron que “el congelamiento de precios generó una grave distorsión que repercute en los niveles de inversión, la actividad y el empleo”. La medida fue presentada en los tribunales federales neuquinos por considerar que en esa jurisdicción coinciden los intereses y la actividad de todos los asociados de la Cámara.

Hasta el momento, la petrolera Vista Oil&Gas había sido la única en presentarse ante la justicia para rechazar las medidas del Gobierno, que tiene confirmada la fecha del 14 de noviembre como límite para devolver la libertad de mercado para que las compañías fijen sus precios.

Desde el 18 de septiembre las petroleras pudieron disponer de un aumento del 4% en el precio de los combustibles, tras la autorización otorgada por el Gobierno a raíz de la volatilidad internacional del precio del petróleo, que, sostenían, hacía insostenible el congelamiento dispuesto tras las elecciones primarias.