Se dispuso además que el monto de las acreencias a distribuir entre los beneficiarios de la Compensación Complementaria Provincial (CCP) sea de 397,1 millones de pesos. Los importes serán abonados con recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau), el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) y de la Compensación Complementaria Provincial (CCP), según corresponda. La norma establece que el Ministerio establecerá los cuadros tarifarios de los servicios que se prestan en la Región Metropolitana y los niveles de compensación que correspondan aplicarse ante las variaciones de costos e ingresos.
En el caso de provincias y municipios esa obligación recaerá en las respectivas jurisdicciones concedentes, teniendo en cuenta el monto máximo de las compensaciones a cargo del Estado nacional. Esas jurisdicciones deberán presentar ante la Secretaria de Transporte, en un plazo de 60 días, el estudio de costos y tarifas de todos los servicios incluidos en los regímenes de compensaciones tarifarias vigentes. Los coeficientes a aplicar para la asignación de las compensaciones tarifarias a los beneficiarios serán calculados en función de tres parámetros.
En primer lugar, las unidades computables máximas afectadas al servicio, considerando como "parque óptimo" al necesario para satisfacer la demanda en tiempo y frecuencia. Luego, la asignación técnica del gasoil a consumir por cada servicio, con un máximo que no podrá superar la fijada para el mes de agosto pasado. En tercer lugar se considerarán la cantidad de trabajadores afectados a la prestación de los servicios de transporte involucrados, tomando como base la nómina fijada el 31 de mayo último y un máximo de tres agentes por unidad.
La norma señala que la cartera del Interior y Transporte procederá a adaptar los parámetros y criterios de asignación dispuestos, "a medida que se obtenga mayor cantidad de datos del SUBE o cualquier otro mecanismo de información que permitan una mejor y más eficiente asignación de las compensaciones". Los prestadores con un parque habilitado en una determinada jurisdicción con una antigüedad media mayor a 5 años, deberán constituir un fideicomiso en el Banco de la Nación Argentina, al que se transferirán las compensaciones vinculadas a la renovación de su parque móvil.
En tanto, las empresas prestatarias de los servicios de la Región Metropolitana con un parque móvil de menos de 5 años de antigüedad, percibirán una asignación por costo de capital. Además la medida establece además un plazo 120 días para confeccionar un Sistema de Contabilidad Regulatoria, de aplicación obligatoria para todos los prestadores de servicios públicos de transporte por automotor de pasajeros alcanzados por los regímenes de compensaciones tarifarias.
