Según consta en la denuncia realizada por los diputados Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade, el 7 de diciembre de 2015, Albertis -empresa española dueña de Ausol- presentó un reclamo por 1.100 millones de dólares ante el CIADI. Frente a esta demanda el gobierno nacional planteó que había que renegociar la concesión. La abogada de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, se opuso y denunció públicamente las presuntas irregularidades, motivo por el cual fue despedida.
Un dato importante en la investigación es que Macri se negó a firmar el decreto de renovación de la concesión por recomendación de la entonces titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. La funcionaria hizo ese planteo para evitar “un conflicto de intereses” y finalmente la que aprobó la prórroga fue la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Tras rubricar ese acuerdo y con el retiro de la demanda, la empresa SOCMA vendió sus acciones a Natal S.A. a un precio que era 400% más alto que el que tenían en 2015.
La denuncia que complica a Dietrich e Iguacel
Por su parte, el Sindicato Trabajadores Viales (STVyARA) que conduce Graciela Aleñá amplió la denuncia por la causa peajes presentada por los diputados. El gremio apuntó contra Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.
A mediados del 2019, los viales nacionales denunciaron que las concesionarias de peajes percibieron 30.000 millones de pesos con fondos del Estado, gracias a “una extensión de los contratos de manera irregular”, resultando como principal beneficiaria la empresa IECSA, firma que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
En concreto, el sindicato acusó a Iguacel y Dietrich de utilizar “una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras” por esa cifra, “más todo lo recaudado por las empresas en las cabinas de peaje”. La causa que no tuvo grandes avances hasta ahora, se tramita en Comodoro Py y se encuentra en manos del Juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano.
