El incremento de 84 por ciento, que empezará a regir en los próximos días, fue autorizado por el macrismo a pesar de que las dos empresas concesionarias del servicio (Dakota SA y BRD SAICFI) operan gracias a la sistemática renovación precaria de sus licencias, vencidas desde 2001.
Pese a los reclamos de los usuarios, la vicejefa de la Ciudad, María Eugenia Vidal, justificó el aumento de 160 pesos argumentando que "requería un ajuste, porque no se actualizaba desde 2008". En ese momento, la suba había sido mucho menor: de 150 pesos se pasó a los 190 pesos hasta hace poco vigentes.
En declaraciones a la prensa, Vidal sostuvo que "al gobierno no le importa tanto la multa como las infracciones de tránsito en general, (sino) que todos empecemos a ser más conscientes de cómo manejamos y dónde estacionamos".
Las dos compañías, que operan, respectivamente, con los nombres de STO (Sistema de Tránsito Ordenado) y SEC (Sistema de Estacionamiento Controlado), pagan al Estado porteño un canon de 30 mil pesos al mes por explotar este servicio y facturan al año cerca de 114 millones de pesos, según estimaciones extraoficiales publicadas por el diario Tiempo Argentino.
Estos grupos tienen, además, el monopolio del estacionamiento medido, a través de los parquímetros y tickeadoras. Las empresas se quedaron con el servicio de acarreo y estacionamiento en el micro y macrocentro en junio de 1990, de la mano del ex intendente menemista Carlos Grosso, dividiéndose la Capital Federal en dos: el sur para SEC y el norte para STO.
