Elisseche precisó que el reclamo se puede realizar en todos los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC), ya que allí poseen habilitadas oficinas de Defensa al Consumidor que tienen la obligación de recibirlos, atento la normativa local y nacional.
Asimismo, resaltó que en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor se pueden hacer denuncias por los daños sufridos hasta un monto equivalente a cinco canastas básicas totales para el hogar, de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Argentina (INDeC).
Este reclamo, prosiguió Elisseche, “puede llevarse a cabo bajo el instituto de Daño Directo, que es la posibilidad que tiene el consumidor de ser resarcido en sede administrativa, sin recurrir a la vía judicial, que es muy compleja y engorrosa, para las causas de menos cuantía”.
Señaló que otra posibilidad, “es que directamente el Daño Directo lo aplique la autoridad administrativa, como lo hizo el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) cuando le ordenó a Edesur, Edenor y Edelap, debido a los cortes de energía eléctrica de diciembre de 2011, que los usuarios residenciales recibieran una reparación económica que entre 180 y 450 pesos”.
El ombudsman porteño también se pronunció a favor de que la telefonía móvil sea declarada como un servicio público. En orden con ello, consideró que “los 50 millones de celulares existentes en nuestro país exigen que las compañías empiecen a brindar un mejor servicio".
"Si se logra que este servicio sea declarado público se podrían implementar tarifas máximas, justas y razonables, de acuerdo a los costos de la prestación y la utilidad de las empresas, como así también evitar prácticas abusivas como la que sucede en la actualidad, donde las tarjetas prepagas son más caras que el servicio contratado", concluyó Elisseche.
