En la presentación que harán efectiva hoy, ambos diputados en el Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano al 500, se pide también que "se designe un veedor judicial con facultades para tomar las precauciones que garanticen la actividad normal del servicio, así como un abanico de acciones que irían desde mediar entre las partes hasta llamar a la Policía en caso de conflicto".
A raíz del enfrentamiento entre los gobiernos de la Nación y de la Ciudad por el traspaso del subte y el Premetro, Ocaña y Amoroso señalaron que esta situación "dio lugar a un estado de incertidumbre general tanto para quienes utilizan el servicio, como para los trabajadores de los mismos, convirtiéndose en una desidia".
"A esto se debe sumar el conflicto que mantienen los trabajadores del subte por las negociaciones paritarias y en razón de los reclamos por obtener justicia por la muerte de un operario que se electrocutó mientras trabajaba con una máquina soldadora. Toda esta situación conlleva a paros totales y continuos. Esto, además de los constantes cruces de acusaciones entre funcionarios de la Nación y la Ciudad", agregaron los diputados en el escrito.
"Es evidente que con el estado de incertidumbre que generó el traspaso de la gestión de los subtes, acerca de quién es el responsable de la gestión, administración y mantenimiento de los mismos, se afecta no sólo a los trabajadores, sino a los miles de ciudadanos que en su carácter de usuarios necesitan hacer uso de dicho medio de transporte a diario", subrayaron Ocaña y Amoroso.
En ese sentido, aseguraron que la acción de amparo busca que "tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad conformen de manera inmediata un organismo de emergencia que asuma la responsabilidad de llevar adelante el mantenimiento, conservación y fiscalización de la gestión, hasta que se solucione el conflicto existente. De esta manera se pondría fin a la anarquía total que existe sobre quién gestiona las líneas de subte".
"Actualmente -agregaron los diputados- nos encontramos ante una situación de extrema incertidumbre y desidia acerca de quién se hace cargo de la gestión de los subtes, si el Poder Ejecutivo Nacional o el Poder Ejecutivo de la Ciudad. Todo ello deriva en una situación de extrema discriminación y contraría los derechos de los consumidores de este servicio, así como afecta los principios constitucionales de igualdad ante la ley, derecho a ejercer el comercio, a trabajar y transitar el territorio argentino".
Señalaron que como consecuencia de ello, "se afectan derechos fundamentales de miles de ciudadanos que utilizan dicho transporte diariamente para dirigirse a sus actividades y trabajos, quienes no saben cómo actuar frente a un aumento tarifario, paros constantes, miedo ante el mal funcionamiento de los vagones y falta de mantenimiento que no solamente es notorio, sino que además es de público conocimiento".
