Los radares de velocidad instalados en rutas provinciales de la provincia de Neuquén quedarán fuera de servicio durante 180 días, una vez que se apruebe en la Legislatura una nueva ley que busca regular su instalación, funcionamiento y control. El proyecto, que ya obtuvo dictamen favorable en comisión, establece que en ese plazo no se podrán emitir multas, y los dispositivos deberán volver a ser autorizados por el gobierno provincial bajo nuevos criterios técnicos y de transparencia.
La iniciativa fue presentada por la diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) y obtuvo este miércoles despacho unánime en la comisión de Asuntos Municipales y Transporte. El martes próximo será tratada por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.
Entre los principales cambios, la ley establece que la Dirección Provincial de Seguridad Vial será la autoridad de aplicación y que cada radar deberá ser autorizado en función de una evaluación técnica, priorizando zonas con alta siniestralidad, cruces de rutas, zonas escolares o áreas urbanizadas. Además, todos los dispositivos deberán contar con señalización previa visible, con una distancia mínima de 500 metros antes del punto de control.
Durante los 180 días de suspensión, los radares deberán ser reinscriptos ante la autoridad de aplicación. Según establece el texto, en ese período “quedarán fuera de funcionamiento” y no podrán emitir ningún tipo de infracción.
Uno de los aspectos destacados incorporados al proyecto es la obligación de publicar de forma accesible el listado completo de radares autorizados, con ubicación, fecha de habilitación, homologación y última auditoría. También se deberá informar periódicamente sobre los montos recaudados por infracciones y su destino. Al respecto, la ley fija que el 50% de lo recaudado por multas por exceso de velocidad deberá invertirse en programas de educación y concientización en seguridad vial.
