"Se han detectado diferencias de precios de hasta un 30 por ciento en la provisión de gasoil a granel (mayorista) y el que se expende en los surtidores, generando así una situación de desigualdad y una distorsión del mercado", señaló el ministro de Planificación, Julio de Vido.
Participaron de la denuncia la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia (CELADI), la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AETA), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), la Cámara Empresaria de Transporte de Pasajeros y la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autrotransporte de Cargas (Fadeeac).Y las petroleras denunciadas, son Repsol-YPF, Shell Argentina, Esso, Petrobras Argentina y Oil, que abastecen el mercado interno.
Amado Boudou aseguró que “este Gobierno siempre va a estar del lado de las mayorías, enfrentando a los monopolios” y agregó que “no vamos a permitir que algún sector económico quiera llevarse por delante el pueblo argentino, porque ya sabemos lo que pasa, en Argentina hubo una época en la cual se perdieron 25 por ciento los puestos de trabajo, y este proyecto político no lo va a permitir”.
El vicepresidente resaltó que “hay sectores concentrados que aparentemente han llevado adelante una discriminación de precios, una cartelización que ha significado mayores costos para los consumidores, y eso es justamente, a lo que nosotros siempre nos vamos a oponer”.
“Más allá de lo que se investigue hacia atrás, lo importante es que los argentinos tengan el combustible, la energía y el transporte que necesitan”, consideró el vicepresidente en diálogo con la prensa, al recorrer la central termoélectrica Barragán de la localidad bonaerense de Ensenada.
Repsol YPF
El ministro de Planificación aludió sobre el reciente descubrimiento de gas no tradicional en la provincia del Neuquén, por parte de Repsol YPF que espera sean "puestos en valor" y no sólo para hacer crecer el balance de la empresa, sino para aumentar la oferta nacional.
Por su parte, Boudou destacó que "estamos hablando de un Gobierno que no es neutral, que no todo le da lo mismo, y la no neutralidad está puesta a favor de la capacidad de consumo de los argentinos".
En tanto, el secretario Schiavi, aclaró que si bien se trata de "operaciones entre privados, se está afectando a los servicios públicos de todo el país, y a las compañías de cargas, con un sobreprecio promedio de 8,4 por ciento, que ronda los 3.500 millones de pesos anuales".
De esta manera, le están quitando "sustentabilidad a los sistemas de transporte de pasajeros y al de cargas, y creemos que hay un efecto de cartelización claro de las compañías, que afectan fuertemente ambos sistemas". Tras descartar que una eventual medida de la justicia tenga un efecto concreto en las tarifas, agregó que este Gobierno "no aumenta tarifas aunque si trabaja en orientar debidamente toda la política de subsidios y gastos".
El transporte público cuenta con un total de 38.684 unidades en todo el país, que emplean a más de 120.000 personas, transportan unos 400 millones de pasajeros por mes y demandan 115 millones de litros de gasoil en el mismo período. El transporte de carga tiene 430.000 unidades, con 346.000 trabajadores, y 600 millones de litros de gasoil al mes, de los cuales se expenden el 60 por ciento en surtidores y el restante 40 por ciento en el mercado mayorista.
