"La denuncia será estudiada mañana en la sede de la OIT en Suiza, en el Comité de Libertad Sindical", anticipó el metrodelegado Roberto Pianelli a Télam, al concluir la presentación que realizó acompañado de un grupo de delegados y abogados de esa organización en la sede argentina del organismo de Naciones Unidas ubicada en el microcentro porteño.
Pianelli ratificó las denuncias contra el Gobierno de la Ciudad ante un delegado de la OIT al presentar un escrito de ocho páginas que detalla violaciones a derechos laborales que se explican en la conciliación obligatoria, una multa millonaria, el pedido de anulación de la personería jurídica y el desempeño de fiscales que "pretendieron denunciar penalmente a trabajadores".
Además confirmó que "antes del fin de semana vamos a tener una reunión con la empresa Metrovías para seguir avanzando sobre los demás temas pendientes", que se comprometieron a resolver con la firma del acta que sellaron en la última reunión los trabajadores del Subte y autoridades de la empresa Metrovías luego de diez días de paro de servicio.
"Entendemos que a partir de la firma del acuerdo, la empresa tiene que empezar a cumplir lo que pactó con nosotros. No hay nada que impida que lo haga; y si no lo hace entonces están buscando iniciar un nuevo conflicto. Esperamos que todos seamos lo suficientemente responsables", concluyó el secretario general de AGTSyP.
Al respecto de la denuncia ante la OIT, Luis Ramírez, abogado de la AGTYyS, sostuvo que "son muchos los hechos que se denuncian, porque estamos primero denunciando que se dictó una conciliación obligatoria cuando la Subsecretaría de Trabajo porteña, a nuestro entender, no tenía competencia. Porque eran juez y parte en este conflicto".
"La Ciudad tiene un interés directo y por lo tanto no es ese un órgano neutral e imparcial como la OIT exige para llevar adelante una conciliación obligatoria", sostuvo a Télam el letrado de los metrodelegados, al tiempo que también cuestionó la "multa millonaria" impuesta por el Gobierno de la Ciudad.
Para Ramírez, "este sindicato no podría pagarla ni vendiendo todo su patrimonio ni con varios años de su recaudación, y significaría la liquidación económica de esta organización. No conforme con eso, la ofensiva contra el sindicato continúa con pedidos en diferentes ámbitos para que le retiren la personería jurídica".
Sin embargo, esta ofensiva no avanzaría en la Justicia ya que es un "una barbaridad y un disparate jurídico que no deja de ser una especie de amenaza para atemorizar a los trabajadores en huelga" que no tendría lugar porque la quita de personería jurídica no está contemplada en la Ley Sindical, explicó.
"Lo último y lo más grave, fue la actuación de varios fiscales de la Ciudad pretendiendo denunciar penalmente a los trabajadores que estaban ejerciendo un derecho constitucional como el derecho a huelga", dijo el abogado sobre uno de los puntos de la denuncia que primero será revisada en Ginebra y que luego continuaría con el descargo de las autoridades gubernamentales, antes de un fallo.
La resolución de la OIT, según concluyó, "no tiene penalidades en forma directa; pero en un mundo globalizado, una condena de este organismo por violar un derecho humano fundamental para los trabajadores, como es el derecho de huelga, tiene un peso enorme cuando uno se vincula con el mundo".
