Al presentarse al mediodía por primera vez en la causa, Mario Cirigliano, pidió una prórroga de su indagatoria en función de que su abogado, Mario Laporta, recién se hizo cargo de la defensa el pasado viernes y quería un plazo para tomar contacto con la causa, de unos 50 cuerpos. Al serle negada la prórroga, el letrado recusó a Bonadío y, horas más tarde, éste la rechazó aduciendo que había sido notificado de la indagatoria hacía más de diez días.
En función de ello, Mario Cirigliano, dueño del Grupo Plaza, se negó a prestar declaración indagatoria aunque aclaró que lo hará a futuro cuando conozca en detalle los cargos en su contra.
Por su parte, Sergio Claudio Cirigliano, titular de la firma Cometrans, controlante de TBA, se negó a ampliar la indagatoria al igual que muchos otros directivos de la empresa también convocados para este martes.
La indagatoria de Mario Cirigliano y la ampliación de los demás imputados fue resuelta por el juez en función del resultado de un peritaje que arrojó manejos irregulares de subsidios, cuyo fin originario era el mantenimiento de material rodante, pero que fue desviado hacia empresas allegadas a los acusados.
Se trata de firmas que tenían contratos con TBA por distintos servicios, las cuales estaban vinculadas también a los Cirigliano: "Y lo más resonante aún son las sumas millonarias de dinero que estas empresas tercerizadas le cobraban a TBA por sus servicios prestados", acusó el fiscal del caso, Federico Delgado. "Esta clara confusión societaria refleja una sospechosa triangulación de fondos que no hace más que corroborar cómo se desviaban los subsidios otorgados por el Estado", agregó.
