“Autonomía implica también reclamar los recursos que corresponden a nuestro Estado”, dijo el legislador porteño de PRO Francisco Quintana, mientras transcurría la sesión ordinaria del Parlamento para tratar dos proyectos de declaración frente al traspaso de los servicios.
En ese sentido, sostuvo que "desde 1994, la Ciudad no es más una jurisdicción nacional, sino que posee su Constitución y normas de organización. Por esa razón, deben respetarse los mecanismos legales que garanticen un traspaso con la responsabilidad de cuidar los derechos de los ciudadanos y usuarios”.
Por su parte, el legislador Oscar Moscariello consideró que "el gobierno nacional debe abrir un canal de diálogo con el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, si quiere realmente respetar nuestra autonomía".
"El traspaso del transporte público de pasajeros a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse con los recursos, de lo contrario se viola la Constitución Nacional", advirtió por su parte Adriana Montes, de Bases para la Unión, bloque aliado al oficialismo porteño.
También los legisladores porteños aprobaron anoche dos propuestas a la administración macrista, que no implica la obligación de su aplicación, en pos de que la tarifa del subterráneo vuelva a costar 1,10, así como para que el Ejecutivo local envíe una copia del acta-acuerdo firmado entre Nación y la Ciudad por el traspaso de ese servicio de transporte.
Tras una sesión de cuatro horas, que sólo estuvo destinada a las manifestaciones de los bloques parlamentarios sobre la transferencia del subte, los diputados aprobaron dos expedientes de declaración pertenecientes a Virginia González Gass y Rafael Gentili, ambos del bloque Proyecto Sur.