La viceministra de Trabajo y el secretario de Transporte, Noemí Rial y Juan Pablo Schiavi, subrayaron anoche en su resolución que la protesta se realiza en "un servicio público, lo que amerita la intervención del Estado a fin de garantizar única y exclusivamente los bienes jurídicamente protegidos de valor superior".
"Están en juego derechos esenciales de los trabajadores en relación con el salario y, al respecto, es preciso referirse a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", afirmaron.
Teniendo en cuenta los expedientes 1.405.062/10 y 1.470.500/11, Trabajo y Transporte aplicaron la Ley 14.786 ante "los recurrentes problemas entre los sectores empresarial y laboral de la firma Microómnibus Norte S.A., permisionaria de los servicios de la 60", remarcaron los funcionarios
Así también indicaron que los conflictos se intensificaron y generalizaron hasta paralizar los servicios de pasajeros y añadieron que resulta necesario determinar "un procedimiento que permita solucionar la problemática y garantizar la prestación de los servicios y la correcta liquidación de los salarios de los trabajadores".
El máximo tribunal expresó en ese sentido que la temática remunerativa se inserta en un proceso más comprensivo, concerniente a todos y a cada uno de los aspectos del contrato o relación de trabajo, lo cual tuvo, entre sus propósitos, la protección de la dignidad humana en el vínculo laboral`".
También la Corte subrayó que "…la regulación de las obligaciones patronales con arreglo a las exigencias de la justicia constituye un deber para el Estado" Nacional, reseñaron Rial y Schiavi.
"Corresponde por ello adoptar acciones por parte de la jurisdicción administrativa laboral, que incluya la aplicación conjunta de sus atribuciones de fiscalización del cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores, lo atinente al régimen de contrato de tareas, a los mecanismos de conciliación en conflictos laborales y al ejercicio del poder de policía del trabajo, con especial énfasis en el área de transporte", dijeron.
Los funcionarios intimaron a los trabajadores a dejar sin efecto durante 15 días hábiles las medidas de acción directa y, a la empresa, a abstenerse de adoptar represalias de ningún tipo.
Dispusieron "un control de auditoría administrativa durante 60 días, prorrogables por igual término, en el área de recursos humanos y/o personal de la empresa Microómnibus Norte S.A. a fin de establecer una correcta forma de liquidación de los salarios y determinar las diferencias que pudieren corresponder a favor del personal, garantizando la armonía de las relaciones colectivas".
Rial y Schiavi aseguraron que los trabajadores, a través del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los delegados, y también la empresa, podrán participar y aportar datos para esclarecer la situación planteada por parte de "los auditores".
También resolvieron que si de esas tareas surgieran diferencias y/o incorrectas liquidaciones de haberes, los funcionarios intimarán a la firma a cumplir sus obligaciones.
Se determinó una liquidación provisoria de 600 pesos, a ser considerados cuando se realice la liquidación definitiva a favor de cada trabajador y en un plazo de cinco días, y como adelanto de diferencias salariales que pudieran surgir de la auditoría.
"De no existir diferencia total o parcial, deberá devolverse el dinero en la proporción que corresponda", señaló la resolución.
Trabajo y Transporte serán los encargados de designar a los funcionarios que realizarán la auditoría , según las resoluciones 1.230 de Trabajo y 195 de la Secretaría de Transporte.
