La Juntade Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente del Atlántico (Sintrajap) había pedido la suspensión de la firma del contrato para la construcción de una terminal de contenedores con un costo de 992 millones de dólares, que estaría a cargo de APM Terminals, por argumentar la existencia de vicios en el proceso de concesión.
Este proyecto ha sido impulsado por el mandatario Óscar Arias (2006-2010) y continuado por el actual gobierno, que considera, este nuevo puerto, clave para que Costa Rica se convierta en el primer lugar en capacidad y calidad de servicio en puertos del Caribe.
A pesar del fallo, a la construcción de la terminal se siguen oponiendo los trabajadores del puerto estatal que prponían que el gobierno modernizara las instalaciones actuales, en lugar de dar en concesión una nueva, y empresarios del sector bananero, quienes aseguran que sus costos de operación se incrementarán.
La planificación de obra consiste en una primera fase, que atenderá a barcos Post-Panamax, los de mayor capacidad y estará concluida en 2016, ya que estas grandes naves, a partir de 2014, podrán transitar por el Canal de Panamá.
Por los actuales puertos estatales de Moín y Limón se mueve cerca del 80% del comercio internacional de Costa Rica, pero fueron criticados por mala calidad del servicio y, principalmente, los largos tiempos de espera para carga y descarga.
Este nuevo puerto, concluido en su totalidad, contaría con 1.500 metros de muelle, cinco puestos de atraque, 2,2 kilómetros de rompeolas y un canal de acceso de 18 metros de profundidad.
