El máximo tribunal respondió así al pedido de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Green, Alquimaq, Alfa y Omega y Constructora San Luis SAPEM, sobre terrenos que habían pasado a jurisdicción provincial mediante una ley luego de haber sido administrados por la Nación.
La UTE había solicitado la realización de trabajos adicionales a los que ya había autorizado en noviembre pasado, informó a la prensa el jefe de la obra, Ariel Francone.
El pronunciamiento de la Corte Suprema está firmado por los jueces Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.
