La abogada de la Dirección de Control y Fiscalización Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Evangelina Galiani, afirmó que el cierre del organismo dispuesto por el Gobierno nacional implica “poner en juego la vida de millones de argentinos”. Según expresó en declaraciones radiales, desde la puesta en marcha de la agencia, en 2008, la siniestralidad vial se redujo un 50%, gracias a tareas de control, fiscalización, educación y prevención en todo el país.
La ANSV fue creada por ley como un ente técnico, civil y autofinanciado, que no depende del presupuesto nacional. “No es un gasto para el Estado. Es una política pública eficiente y vital”, sostuvo Galiani, y remarcó que el dinero que financiaba su funcionamiento “ahora pasaría al Ministerio de Economía”.
De acuerdo a su testimonio, la ANSV “es ejemplo en Latinoamérica” y cuenta con reconocimiento internacional por su modelo de gestión. En los últimos años, aseguró, se avanzó en consolidar una red de operativos y campañas de prevención con impacto territorial, articulando con fuerzas de seguridad, provincias y municipios. “Cada ciudadano que fue detenido en un control de alcoholemia, de velocidad o que recibió una advertencia, fue parte de una política que salva vidas”, señaló.
La agencia cuenta actualmente con 708 trabajadores, de los cuales solo 136 integran la planta permanente. La mayoría se encuentra bajo contratos que vencerían en diciembre. “Somos agentes formados, idóneos, que trabajamos expuestos en la calle. El cierre no solo implica dejar sin empleo a cientos de personas, sino desmantelar una estructura que da resultados concretos”, denunció Galiani.
El Decreto 461/2025, que ordena la disolución de la ANSV y la transferencia de sus funciones a Gendarmería Nacional, generó una ola de cuestionamientos por parte de organizaciones civiles, trabajadores del organismo y especialistas en tránsito. La medida, consideran, elimina una política estatal con autonomía técnica y estructura propia, para delegar sus funciones en una fuerza de seguridad sin capacitación específica en seguridad vial.
“Cerrar la ANSV no es una medida de ahorro. Es un acto de desmantelamiento institucional que pone en riesgo la vida de miles de personas en nuestras rutas”, concluyó la funcionaria.
