El Ejecutivo porteño, Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), los tres demandados en las cautelares, tienen dos días para responderle a la Justicia, por lo que entre el viernes 13 y el lunes 16 el magistrado podría resolver. Juan Lima también se declaró competente para intervenir y habilitó la feria judicial de enero para tratar los planteos de entidades de consumidores, legisladores porteños y el Partido Obrero.
El magistrado acumuló los cuatro planteos en uno solo "habida cuenta de la urgencia que merece el tratamiento del caso y con la finalidad de optimizar los tiempos del proceso y de tender a la lograr eficacia en la producción de los actos procesales que a partir de ahora tendrán lugar".
Además, le solicitó al Gobierno de Macri copia de dos expedientes administrativos y de "todas las actuaciones vinculadas con el pedido de audiencia pública efectuado por el Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la CABA al cual se hace referencia en el decreto Nº27/2012". El pedido, explicó Juan Lima, es "para resolver adecuadamente las medidas cautelares requeridas".
El magistrado compartió el criterio que ayer dictaminó la fiscal Ana Di Iorio de declararse competente y habilitar la feria judicial. Así, le corrió vista al a los tres demandados para que en el "término de dos días" conteste los amparos "a los fines previstos en el artículo 15, segundo párrafo, de la ley Nº2.145".
Se trata de la ley de amparos que establece que "cuando la medida cautelar solicitada afectase la prestación de un servicio público o perjudicara una función esencial de la administración, el juez previamente le correrá traslado a la autoridad pública demandada para que se expida dentro de un plazo máximo de dos días sobre la inconveniencia de adoptar dicha medida".
Los cuatro amparos reclaman la suspensión del aumento de la tarifa del subte de 1,10 a 2.50 pesos, que rige desde el viernes pasado, y se convoque a una audiencia pública en la que se discuta el incremento. Las cuatro acciones fueron presentadas por: 1) Ciudadanos Libres, 2) Consumidores Libres, otras asociaciones, los legisladores Aníbal Ibarra, Delia Bisutti, María Elena Naddeo, Susana Rinaldi y Edgardo Form y el ex legislador Eduardo Epszteyn, 3)el legislador porteño Alejandro Bodart y la ex diputada Vilma Ripoll y 4) los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola y Marcelo Ramal.
A los amparos se sumó una denuncia penal contra Macri que presentó el presidente de Ciudadanos Libres, el abogado José Mangiocalda, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por aumentar la tarifa sin llamar a audiencia pública.
