El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que lidera Graciela Aleñá, manifestó su preocupación por un documento, recientemente firmado por los gobernadores provinciales, mediante el cual se solicita que el fondo específico proveniente del impuesto a los combustibles líquidos sea transferido directamente a las provincias para su libre administración. Desde el gremio, solicitaron que reconsideren la propuesta firmada y alertaron sobre el riesgo de desmantelar todo el sistema vial produciendo “la fragmentación de una política pública esencialmente federal”.
De esta manera, cuestionaron técnicamente el proyecto y sostuvieron: “Tal como establece la Ley N° 505/58, Vialidad Nacional es el organismo rector de la actividad vial en todo el territorio de la República Argentina, función que ejerce en coordinación con el Consejo Vial Federal, integrando capacidades técnicas, estratégicas y operativas con el fin de desarrollar una red vial federal que garantice la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país”.
Asimismo, advirtieron que, si bien la decisión de provincializar el uso de esos fondos “puede tener una motivación legítima” desde las necesidades locales, puede “comprometer la planificación estratégica nacional, poniendo en riesgo la coherencia territorial del sistema vial argentino”.
En la misma línea, también detallaron que Vialidad Nacional cuenta con “infraestructura, personal técnico especializado y equipamiento distribuido en todas las provincias, lo que permite ejecutar obras de forma eficiente, con criterios unificados y con la experiencia acumulada durante décadas”. Y agregaron que el traspaso de estos fondos directamente a las jurisdicciones implicaría “la duplicación innecesaria de estructuras provinciales, el desaprovechamiento de los recursos ya existentes y la consecuente pérdida de eficiencia en el uso del dinero público”.
Necesidades provinciales y denuncias por el impuesto al combustible
Por su parte, Graciela Aleñá, quien integra también la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y el Consejo Directivo de la CGT, analizó la compleja situación que atraviesa la red vial argentina, en cada una de las provincias, y resaltó la importancia de exigir conjuntamente la transferencia de los fondos para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y desarrollo.
“Si existe una situación de parálisis en la ejecución de obras públicas por parte del Gobierno Nacional, lo que corresponde no es desmantelar el esquema federal vigente, sino reclamar con firmeza -por las vías administrativas, legislativas y, de ser necesario, judiciales- la reactivación inmediata del uso de los fondos específicos del combustible, hoy depositados y ociosos, en desmedro del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial”, afirmó.
En este sentido, la dirigente gremial sostuvo que la red vial argentina requiere “una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales”. Según explicó, las consecuencias de una desarticulación del sistema serían graves, produciendo “pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada”.
Además, Aleña destacó la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con “lo que mandan las leyes vigentes” y garantice que “los fondos específicos del impuesto a los combustibles se apliquen con el criterio federal y estratégico para el que fueron creados”.
“No se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa. Por ello es sumamente importante que el Congreso Nacional, intervenga a los fines de lograr la transferencia de los montos retenidos y asegurar el normal desembolso, que por ley hoy le corresponde, a la Dirección Nacional de Vialidad”, concluyó.
