La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y el Consejo de Cargadores de la República Argentina integrado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Unión Industrial Argentina (UIA), expresaron su malestar debido a los “graves perjuicios que viene sufriendo la carga como consecuencia de diferentes conflictos que se están produciendo últimamente en distintos puertos nacionales” y pidieron que las autoridades nacionales competentes intervengan para eximir del pago de costos extras.
Así, a las diferentes problemáticas que suceden en puertos nacionales, se le suman “la histórica bajante del Río Paraná, las subas del valor del peaje del Canal Martín García, la tasa a las cargas de exportación Resolución 192/2022 AGPSE y el cargo de seguridad PBIP, entre otros flagelos que sufre la carga de exportación e importación y que presionan al alza de los costos con lo que ello significa para la producción y el comercio en su conjunto”, según informaron a través de un comunicado dirigido al Ministro de Transporte de la Nación, Ministro de Trabajo de la Nación, Secretario de Transporte, Subsecretario de Puertos Vias Navegables y Marina Mercante, Presidente del Consejo Portuario Argentino, Interventor Administración General de Puertos SE, y el Presidente ENAPRO.
También, se refirieron a lo sucedido en la Terminal Puerto Rosario, en la cual por una medida sindical se paralizó la actividad portuaria por más de 42 días, y como se dio también en la Terminal Exolgan en septiembre, que provocaron “la inmovilización de carga en las terminales y la falta de tareas de almacenaje, removido interno, aumento en movimientos por contenedor, saturación de espacios, rotura de programación operativa, y demora/ cancelación en recepción de buques con derivación a otras terminales en algunos casos, afectando el normal desempeño de logística y transporte de cerca de 7.000 contenedores sumando los diversos conflictos”, indicaron.
En este sentido, sostuvieron que, debido a estos inconvenientes, la carga tuvo importantes costos extras por “demoras que afectaron el abastecimiento de insumos –muchos de ellos perecederos- y repuestos importados, generando el paro de líneas de producción en algunas cadenas productivas (automotriz, electrodomésticos, alimenticias, cerealeras, insumos), y en general, acumulación de horas improductivas; incumplimiento de contratos de entrega y demoras en el despacho de exportaciones, generando incumplimientos que ponen en riesgo las relaciones comerciales de empresas argentinas en el exterior; multiplicación de los gastos de transporte y logística por cancelación de turnos, reducción de tiempos para carga perecedera, y la imposibilidad de entrega de contenedores con carga de importación en Terminal”, entre otros motivos.
Si bien reconocieron que estos costos pasan a ser trasladados y pagados a través de distintos mecanismos, sostuvieron que existen otros “importantes costos financieros, comerciales, crediticios y administrativos que nacen en las demoras e incumplimientos sufridos por las empresas cuya carga se vio afectada”.
Además de estos grandes costos adicionales, apuntaron que toda la situación trajo un impacto negativo en los competidores nacionales y favoreció contundentemente a los internacionales: “Hemos transferido grandes volúmenes de carga a puertos extranjeros, haciendo que las divisas generadas, promocionen mayor mano de obra y mejora de infraestructura de transporte y logística de otros países de la región; hemos facilitado el crecimiento del “feeding” de nuestras cargas, encareciendo nuestro transporte y promocionando la bandera extranjera, la competitividad del negocio naviero de otros países y perdiendo divisas a manos de nuestra competencia”, justificaron entre otros puntos.
Por todos estos motivos, las cámaras empresariales solicitan a las autoridades nacionales que se exima el pago de los costos extras, así como llevar a cabo medidas en conjunto.
