El decreto 1491 publicado en el Boletín Oficial lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández; del ministro de Economía, Amado Boudou; y de su par de Industria, Débora Giorgi.
El texto "exime del pago del derecho de importación, tasas de estadística y tasa de comprobación, a la importación definitiva para consumo de los bienes usados, con destino al servicio público de transporte urbano de la provincia de Mendoza".
Entre los considerandos explica que la decisión se enmarca en el hecho de que "el Gobierno Nacional ha encarado un proceso de transformación y desarrollo del sistema ferroviario, con el objetivo estratégico de reposicionar al ferrocarril en el sistema multimodal de transporte en aquellos aspectos para los cuales posee ventajas comparativas y competitivas".
Por lo que "la importación de dichos bienes se estima de vital importancia, para mejorar sensiblemente la calidad del sistema del transporte urbano de la citada provincia".
