En el artículo 2 del proyecto, se considera que estarán comprendidos dentro del patrimonio histórico y cultural de la nación, los bienes ferroviarios que sean propiedad del Estado nacional y que se encuentren en poder de entidades como, el Museo Nacional Ferroviario, los demás museos y otras dependencias oficiales de la nación, las provincias o los municipios, el Ferroclub argentino y distintas asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.
También prevé que se declaran inembargables y fuera del comercio en los términos del artículo 2.337 inciso 1º del Código Civil los bienes ferroviarios que integren el patrimonio histórico y cultural de la Nación, así como los útiles, herramientas, repuestos, documentación y los espacios afectados a su preservación, restauración y puesta en valor, según informó el matutino de Entre Ríos, El Diario.
Entre otros artículos, el proyecto expresa que, "los concesionarios de servicios ferroviarios deberán ceder en custodia, a solicitud de las entidades indicadas en el artículo 2, los bienes concesionados que se encuentren en su poder y sean de interés histórico o cultural que se encuentren inactivos, inutilizables o radiados del servicio, en cantidad suficiente para su preservación histórica".
En los fundamentos, se sostiene que se trata de un proyecto, que no ocasiona costo alguno al Estado nacional y genera "beneficios culturales de indudable significación", ya que además de "conservar parte de nuestro patrimonio histórico, va a servir para una función indudablemente didáctica para crear conciencia de nuestro pasado y de cómo el ferrocarril sirvió para unir pueblos, ciudades, vinculando espacios alejados, y siendo un fundamental factor de riqueza para la República".
"Los ferrocarriles no escaparon a la euforia privatizadora y desreguladora, y fue así como se remataron más de 80 kilómetros de vagones, se suprimieron miles de kilómetros de vías férreas, se destruyeron talleres, se hizo todo lo posible, para que los ferrocarriles argentinos quedaran reducidos a la nada, salvándose en condiciones lamentables algunos servicios interurbanos", se lee en la iniciativa.
"Si no existía la menor intención de conservar operativamente el servicio de ferrocarriles, mucho menos resultaba la intención de salvaguardar el material ferroviario de carácter histórico, ya que todo aquello que no daba ganancia, debía ser vendido a precios de remate, o destruído, porque se entendía que importaba una carga que el Estado no debía asumir", agrega el texto.
Se considera que el caso de los ferrocarriles es "paradigmático de toda una época donde lo público quedó subordinado a lo privado, y donde los intereses comerciales de los concesionarios estuvieron por encima de los derechos de los usuarios a tener un servicio eficiente, que vinculara como en otra época a todas las regiones del país".
