Muchos de los detractores de nuestra política energética son en realidad voceros de un “relato”, funcional a inconfesables intereses aliados a los poderes económicos, en el que pareciera que hubo un tiempo de esplendor en que la Argentina tenía autoabastecimiento energético y además exportaba hidrocarburos. Varios de ellos suelen aparecer en las páginas de los medios hegemónicos, con planteos que buscan retrotraer el proceso iniciado en mayo de 2003, porque no son más que propaladores de un modelo que sólo busca maximizar rentabilidades de grandes compañías petroleras, sin reparar en las consecuencias de esas políticas.
En primer lugar, es bueno recordar que la Argentina sólo tuvo autoabastecimiento energético en la década del ’90 (además de un período fugaz después de que Frondizi firmara los contratos petroleros luego anulados), principalmente por contar con tarifas dolarizadas y en un contexto de fuerte caída de la actividad económica, producto de las políticas neoliberales, que hizo que grandes volúmenes de energía resultaran ociosos para las necesidades energéticas nacionales.
En ese sentido, el superávit energético de esa década, que tanto suelen destacar también algunos ex funcionarios, era consecuencia de las fábricas que todos los días cerraban sus puertas, dejando de utilizar energía, y no de aciertos en las políticas implementadas. Uno de los resultados fueron las exportaciones de gas a Chile, para lo que se tendieron varios gasoductos, a través de los cuales nuestro gas era vendido a dos dólares el millón de BTU en la frontera, mientras en la capital trasandina se pagaban hasta 30 dólares. O sea, el superávit energético fue un gran negocio para los que exportaban gas, pero una pésima transacción para los argentinos, que entregaban un recurso no renovable a precio vil, sin percibir ninguno de los beneficios de esa balanza energética favorable, que algunos tantos añoran.
El verdadero rostro de ese modelo económico, que aparece solapado en el “relato”, con superávit energético, tarifas dolarizadas y altas (las naftas llegaron a ser las más caras del mundo), emergió con toda fuerza con el colapso de 2001 y el fin de la Convertibilidad: más de la mitad de los argentinos en situación de pobreza y una desocupación que trepó al 24 por ciento.
Cuando asumimos en 2003, nos propusimos poner en marcha un modelo que revirtiera los efectos sociales adversos de las políticas que se habían implementado. Para ello, se decidió devolverle a la industria condiciones favorables para su desarrollo a partir de tarifas competitivas y subsidiadas, lo mismo que para el resto de la población.
Los resultados están a la vista, no sólo se logró bajar fuertemente la pobreza y reducir el desempleo a un dígito, algo impensado en las épocas de balanza energética superavitaria, sino que también se inició un proceso de diversificación productiva que permitió comenzar a exportar productos de mayor valor agregado.
Si en las condiciones de emergencia económica y social en que asumimos hubiéramos mantenido las tarifas dolarizadas, probablemente hoy tendríamos el autoabastecimiento energético que tanto preocupa a algunos, pero a costa de seguir con altas tasas de desempleo y con millones de argentinos excluidos del sistema y con petroleras que hubieran obtenido mayores ganancias aún. También habríamos renunciado a establecer de manera soberana las políticas que resulten más convenientes para nuestro país.
Más allá de las condiciones objetivas en que iniciamos este modelo, no puede desconocerse que encaramos el plan energético más ambicioso de los últimos 50 años, que permitió finalizar dos obras que habían quedado asociadas al fracaso y la frustración: Atucha II y Yacyretá.
Asimismo, logramos incrementar en más de un 40% la generación de energía eléctrica, interconectamos toda la Argentina con redes de alta tensión y ampliamos fuertemente la capacidad de transporte de nuestros gasoductos. Ahora estamos poniendo en marcha una nueva etapa del plan nuclear, con la extensión de la vida de Embalse, la licitación de la cuarta central y el inicio de la construcción del reactor CAREM con tecnología completamente nacional.
En consecuencia, nuestra gran diferencia con esos opinadores es que nuestro relato no sólo es mostrable, sino que fue ratificado en las elecciones por el 54% de los argentinos, mientras que lo que esos voceros defienden sólo remite a los peores momentos de la historia de nuestro país.
Durante los últimos ocho años, libramos una dura batalla contra aquellos que por intereses políticos o sectoriales apostaban por el colapso energético de la Argentina, en un contexto de caída de reservas. Esa etapa fue superada, producto no de la casualidad sino de la firme presión del Estado de obligar a las empresas a invertir, lo que derivó en grandes descubrimientos de hidrocarburos no convencionales, cuya potencialidad fue situada por el departamento de Energía de los Estados Unidos entre los tres más importantes del mundo.
El gran desafío, y la nueva batalla que está librando nuestra presidenta, es ponerlas en valor, al servicio del desarrollo industrial nacional a precios competitivos, a partir de la reinversión de las ganancias que esas compañías obtienen en nuestro país. No sólo vamos a ser intransigentes con las empresas, sino que vamos a adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a los objetivos políticos trazados por la presidenta en su último discurso. Los voceros de siempre parecen demasiado preocupados por detalles institucionales anecdóticos, olvidando que la gran batalla es cómo hacemos para convertir esas reservas en recursos tangibles para todos los argentinos.
En ese contexto, ningún opinador ni columnista pareció reparar en la trascendencia que tuvo la semana pasada la firma de un documento por parte de las provincias de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarbuos (OFEPHI), en el que plantean justamente que en el marco del cumplimiento de los contratos debe ponerse a pleno la producción de hidrocarburos, en sintonía con los expuesto por la presidenta el mismo día. Muchos lenguaraces deberían recordar que las provincias son las dueñas de esos recursos y deben llevar la voz cantante, junto con la Nación, para de una vez por todas lograr que esos yacimientos, que en definitiva son de todos los argentinos, tal como expresó la presidenta, nos permitan continuar y profundizar este ciclo virtuoso de crecimiento económico con inclusión social.
Fuente: Diario Tiempo Argentino, columna de opinión de Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
