El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba sancionó ayer el marco regulatorio del sistema de transporte urbano de pasajeros que declara que dicho servicio es esencial, lo que es cuestionado por gremialistas que ven en ello una restricción del derecho de huelga. La ordenanza, en el momento de determinar las obligaciones del municipio, de las empresas de transporte y de los propios usuarios, establece que se trata de un “servicio público esencial y de alta prioridad”.
La norma, impulsada por el intendente radical, Ramón Mestre, fue sancionada con los votos de los ediles del bloque de la Unión Cívica Radical, con el apoyo de Unión por Córdoba y del Frente Cívico y Social, que, no obstante, plantearon algunas diferencias en el tratamiento en particular de la iniciativa.
Las críticas a la iniciativa
En cambio, el proyecto fue rechazado por el Bloque Eva Duarte, que lidera Olga Riutort, así como por el edil Marcelo Rodio
(Peronismo que Viene), quien aseguró que la iniciativa “contraría la Constitución, que garantiza el derecho de huelga de los trabajadores”. Rodio remarcó que el transporte público no es considerado como “servicio esencial” por las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), razón por la cual se trata de "una norma de imposible cumplimiento", además del hecho deque el Concejo no tiene competencia para este tipo de normativas”.
Por su parte, tras la aprobación de la ordenanza, el secretario municipal de Transporte, Juan Pablo Díaz Cardheilhac, aseguró que, "después de muchos años, la ciudad de Córdoba contará con un marco regulatorio que condicionará el nuevo sistema de transporte".
"Los servicios esenciales están legislados por una ley nacional, que establece el mecanismo por el cual un municipio, por ejemplo, puede incorporar nuevos servicios. Este es el primer paso para que transitemos el camino para incorporar el transporte público", manifestó esta tarde a la prensa el funcionario.
Aunque reconoció que "resultará difícil" lograr el objetivo, Díaz Cardheilhac manifestó que es el camino que "hay que transitar para que se logre la obligatoriedad de prestar un servicio mínimo respetando el derecho de huelga que consagra nuestra Constitución". Por su parte, el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Alfredo Peñaloza, insistió en que la ordenana sancionada "es inaplicable, porque cercena el derecho de huelga", razón por la que anticipó que ya están trabajando en la interposición de una acción declarativa de inconstitucionalidad.
El oficialismo impulsó la iniciativa teniendo en miras como antecedente reciente que, a mediados de este mes, los choferes de la empresa Ciudad de Córdoba, que presta servicios en la capital provincial, concretaron durante un día y medio un paro de actividades que afectó a unos 200.000 pasajeros.
