Desde hoy las nuevas concesiones tendrán como tope “hasta 10 años” de explotación, lo que implica en la práctica que, a partir de las evaluaciones, los permisos pueden ser por un período menor a ese plazo.
De este modo, el gobierno nacional modificó la normativa que permitía a las empresas de transporte de colectivos urbano y suburbano renovar automáticamente sus permisos de explotación del servicio y, a partir de ahora, cada renovación deberá ser evaluada por el Ministerio de Transporte.
Mediante el decreto 1200/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial, se modificó el anterior 656 de 1994 que establecía que las empresas que firmasen contratos de prestación con el Estado nacional lo hacían por el término de diez años y éstos podían renovarse de forma automática por el mismo período a petición de los interesados.
En los considerandos de la medida se indica que estudios del Ministerio de Transporte “han arrojado como resultado que, en los últimos años, ha surgido la necesidad de redefinir la oferta y cobertura del sistema”, y agrega que “Como consecuencia de ello, se desarrolló una metodología que consistió en estimar la oferta y demanda de cada línea de colectivos que opera en la región contemplando las jurisdicciones nacional, provincial y municipal”, añade el texto.
La información que aporta el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) posibilitó un análisis pormenorizado de la situación, al acumular una mayor cantidad de datos del transporte en la región metropolitana (AMBA) y poder programar de esta manera diferentes variables.
El organismo estatal podrá seguir concediendo nuevas prórrogas “salvo que considere fundadamente que existan causales vinculadas al desempeño del operador, o a la funcionalidad o estructura futura del sistema de transporte, u otras causales técnicas que aconsejen la no renovación del permiso”.
